La práctica jurisprudencial de la Acción de Amparo Económico: una mutación constitucional

Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia. Y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz.

Eduardo Juan Couture Etcheverry

La subsidiaridad se ha establecido como el principio que resguarda las diversas libertades que la Constitución Política asegura a las personas. Principalmente, aquellas que relacionadas con asegurar trato no discriminatorio en el trato que el Estado y sus organismos tengan en asuntos económicos a las personas, la libertad de ejercer cualquier actividad económica, la propiedad privada, y en general, aquellas que estatuyen el bloque económico. Prerrogativas fundamentales que estuvieron fuertemente restringidas durante los periodos de gobierno de la Unidad Popular.

En aras del desarrollo progresivo de esta libertad, no tardó el Estado en regular el instrumento y mecanismo legal que ponga a resguardo una de las principales manifestaciones del principio de subsidiaridad, realizándose aquella mediante la ley 18.971. Esto, al comprenderse desde la dogmática jurídica la importancia  y amplitud de esta libertad, según puede desprenderse del numeral 21 y 26, ambos del artículo 19 de la Constitución Política.

No obstante, el propósito que el Constituyente y el Legislador han tenido en vista al tutelar esta libertad, la cual fluye de forma natural al estudiar las disposiciones constitucionales y legales que la desarrollan, la práctica jurisprudencial no ha logrado dar con su genuina intención, fijando un campo aplicación de protección de esta libertad en un mecanismo que, a pesar de encontrarse redactado en términos tales que cualquier persona pueda denunciar las infracciones al numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, la Excelentísima Corte Suprema ha omitido hacer prevalecer las reglas de hermenéutica constitucional y aplicar de forma arbitraria las reglas de interpretación legal en relación a la ley 18.971, haciendo un uso indiscriminado y arbitrario de estas últimas con el propósito único de amparar su particular entendimiento de la ley 18.971.

En este sentido, tenemos que tener presente las diversas interpretaciones que la Corte Suprema ha sostenido sobre la eficacia de la Acción de Amparo Económico. Así, en principio se consideró que estaba restringido únicamente a la protección de los  particulares en relación a los hechos del “Estado empresario” en cuanto al cumplimiento de las formalidades que la Carta le exige para participar en la vida de los negocios. No obstante, en atención a su amplitud se consideró, y siguiendo en este aspecto el sentido natural de esta acción, la protección de la libertad de las personas y los grupos intermedios para ejercer cualesquiera actividad que genere aumento patrimonial. Misma amplitud que, de forma posterior fue considerada por la Corte como motivo suficiente para entregar un alcance restrictivo a esta acción, lo que ha conducido a la desnaturalización de esta, vulnerando lo dispuesto en la propia ley 18.971 e ignorando el sentido y alcance del numeral 21 y el numeral 26, ambos del artículo 19 de la Constitución Política en relación al inciso segundo del artículo 5 de la carta, en relación al numeral 1 del artículo 8 y el numeral 1 del artículo 25, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Si bien puede sostenerse que la situación originada por la práctica jurisprudencial en torno al desarrollo de los alcances de la Acción de Amparo Económico en asuntos de libertad económica era una cuestión previsible dado el desarrollo progresivo de esta libertad podemos afirmar que aquella circunstancia fue prevista al tiempo de realizarse la ley que la protege, a fin de orientar a los juzgadores en sus labores jurisdiccionales.

Sin embargo, sea cual fuere el sentido y alcance que La Corte Suprema le otorgare a la Acción de Amparo Económico como garante de la libertad económica y aún en ausencia de antecedentes formales e históricos, subyace a esta libertad un derecho que debe ser tutelado por emanar de la naturaleza humana, cual es el derecho a una tutela efectiva de los derechos asegurados por Constitución Política, determinándolo así el inciso segundo del artículo 5 de la carta, en relación al numeral 1 del artículo 8 y el numeral 1 del artículo 25, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por lo tanto, la problemática generada por el improvisado camino seguido por la excelentísima Corte Suprema en esta materia ha generado un doble conflicto que requiere un pronunciamiento formal y de fondo tendiente a responder las siguientes interrogantes:  ¿cuál es el bien jurídico protegido por el amparo económico?; ¿es el principio de subsidiaridad solo aplicable como límite al ejercicio del poder?; ¿es acaso cuestionable la protección de la libertad económica de las personas y los grupos intermedios?; ¿es posible variar por medio de una interpretación judicial el sentido y alcance de una norma?; ¿cuál es el alcance del principio de subsidiaridad en la libertad económica?; y, ¿Está aplicándose correctamente el principio de inexcusabilidad por la Corte Suprema?

Es así que en suma, es necesario auxiliar a la Corte Suprema complementando su razonamiento en el sentido de fijar el ámbito de aplicación de dicha acción, por motivos de certeza y efectiva tutela jurídica y justa administración de justicia, declarando desde ya que la Corte no puede dar un sentido distinto a la disposiciones de la ley 18.971, teniendo la obligación legal de atribuir a las expresiones que en ella se han empleado su sentido natural y corriente, no pudiendo darles en consecuencia otra interpretación, agregando a esta idea el propósito de obtener un justo y real resguardo de esta libertad.

La subsidiaridad se ha establecido como el principio que resguarda las diversas libertades que la Constitución Política asegura a las personas. Principalmente, aquellas que relacionadas con asegurar trato no discriminatorio en el trato que el Estado y sus organismos tengan en asuntos económicos a las personas, la libertad de ejercer cualquier actividad económica, la propiedad privada, y en general, aquellas que estatuyen el bloque económico. Prerrogativas fundamentales que estuvieron fuertemente restringidas durante los periodos de gobierno de la Unidad Popular.

Dicho así, este principio es una de las bases que estatuyen el desarrollo económico de nuestro país, guardando esta íntima relación con la idea de promover la libertad de ejercer cualquier actividad económica. Declaración que el Constituyente decidió reconocer en nuestra Constitución con la jerarquía de derecho fundamental. Manifestación que buscar asegurar de manera directa la iniciativa empresarial y de cualquier otro hecho que implique un aumento patrimonial, y de forma conexa, la libertad de trabajo, su valor y función social. Contribuyendo esta libertad al cumplimiento del mandato constitucional de otorgar a las personas y demás grupos intermedios las condiciones necesarias para lograr obtener su mayor desarrollo material y espiritual posible, según lo establece el inciso cuarto del artículo primero de la Carta.

En aras del desarrollo progresivo de esta libertad, no tardó el Estado en regular el instrumento y mecanismo legal que ponga a resguardo una de las principales manifestaciones del principio de subsidiaridad, realizándose aquella mediante la ley 18.971. Esto, al comprenderse desde la dogmática jurídica la importancia  y amplitud de esta libertad, según puede desprenderse del numeral 21 y 26, ambos del artículo 19 de la Constitución Política.

No obstante, el propósito que el Constituyente y el Legislador han tenido en vista al tutelar esta libertad, la cual fluye de forma natural al estudiar las disposiciones constitucionales y legales que la desarrollan, la práctica jurisprudencial no ha logrado dar con su genuina intención, fijando un campo aplicación de protección de esta libertad en un mecanismo que, a pesar de encontrarse redactado en términos tales que cualquier persona pueda denunciar las infracciones al numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, la Excelentísima Corte Suprema ha omitido hacer prevalecer las reglas de hermenéutica constitucional y aplicar de forma arbitraria las reglas de interpretación legal en relación a la ley 18.971, haciendo un uso indiscriminado y arbitrario de estas últimas con el propósito único de amparar su particular entendimiento de la ley 18.971.

En este sentido, tenemos que tener presente las diversas interpretaciones que la Corte Suprema ha sostenido sobre la eficacia de la Acción de Amparo Económico. Así, en principio se consideró que estaba restringido únicamente a la protección de los  particulares en relación a los hechos del “Estado empresario” en cuanto al cumplimiento de las formalidades que la Carta le exige para participar en la vida de los negocios. No obstante, en atención a su amplitud se consideró, y siguiendo en este aspecto el sentido natural de esta acción, la protección de la libertad de las personas y los grupos intermedios para ejercer cualesquiera actividad que genere aumento patrimonial. Misma amplitud que, de forma posterior fue considerada por la Corte como motivo suficiente para entregar un alcance restrictivo a esta acción, lo que ha conducido a la desnaturalización de esta, vulnerando lo dispuesto en la propia ley 18.971 e ignorando el sentido y alcance del numeral 21 y el numeral 26, ambos del artículo 19 de la Constitución Política en relación al inciso segundo del artículo 5 de la carta, en relación al numeral 1 del artículo 8 y el numeral 1 del artículo 25, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Si bien puede sostenerse que la situación originada por la práctica jurisprudencial en torno al desarrollo de los alcances de la Acción de Amparo Económico en asuntos de libertad económica era una cuestión previsible dado el desarrollo progresivo de esta libertad podemos afirmar que aquella circunstancia fue prevista al tiempo de realizarse la ley que la protege, a fin de orientar a los juzgadores en sus labores jurisdiccionales.

Sin embargo, sea cual fuere el sentido y alcance que La Corte Suprema le otorgare a la Acción de Amparo Económico como garante de la libertad económica y aún en ausencia de antecedentes formales e históricos, subyace a esta libertad un derecho que debe ser tutelado por emanar de la naturaleza humana, cual es el derecho a una tutela efectiva de los derechos asegurados por Constitución Política, determinándolo así el inciso segundo del artículo 5 de la carta, en relación al numeral 1 del artículo 8 y el numeral 1 del artículo 25, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por lo tanto, la problemática generada por el improvisado camino seguido por la excelentísima Corte Suprema en esta materia ha generado un doble conflicto que requiere un pronunciamiento formal y de fondo tendiente a responder las siguientes interrogantes:  ¿cuál es el bien jurídico protegido por el amparo económico?; ¿es el principio de subsidiaridad solo aplicable como límite al ejercicio del poder?; ¿es acaso cuestionable la protección de la libertad económica de las personas y los grupos intermedios?; ¿es posible variar por medio de una interpretación judicial el sentido y alcance de una norma?; ¿cuál es el alcance del principio de subsidiaridad en la libertad económica?; y, ¿Está aplicándose correctamente el principio de inexcusabilidad por la Corte Suprema?

Es así que en suma, es necesario auxiliar a la Corte Suprema complementando su razonamiento en el sentido de fijar el ámbito de aplicación de dicha acción, por motivos de certeza y efectiva tutela jurídica y justa administración de justicia, declarando desde ya que la Corte no puede dar un sentido distinto a la disposiciones de la ley 18.971, teniendo la obligación legal de atribuir a las expresiones que en ella se han empleado su sentido natural y corriente, no pudiendo darles en consecuencia otra interpretación, agregando a esta idea el propósito de obtener un justo y real resguardo de esta libertad.

Claudio Pimentel Perez

Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Miembro del Comité Editorial y Jefe de departamento de Derecho Civil y Derecho Tributario de Nuevo Derecho. Correo: cpimentel@nuevoderecho.cl

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