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Por  Claudio Pimentel Pérez. Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Miembro del Comité Editorial y Jefe de departamento de Derecho Civil y Derecho Tributario de Nuevo Derecho. Correo: cpimentel@nuevoderecho.cl.

El cambio es la ley de la vida. Y aquellos que miran solo al pasado o al presente se perderán seguro el futuro. En tiempos de trance institucional, las diversas reparticiones públicas, y por supuesto, el Estado debe dar señales que reluzcan los valores que definen a nuestra república, y qué hecho más prístino es realizarlo por medio de los actores que se presentan como guardianes y recaudadores del erario.

La legislación del ramo dispone que aquellos hechos que constituyan delitos tributarios y que además sean sancionados por medio de penas privativas de libertad, serán investigados solo si el Servicio de Impuestos Internos interpone una querella, o bien una denuncia. Dispone asimismo que, tratándose de delitos comunes que pudieren tener relación con hechos que configuren ilícitos tributarios, podrá el Servicio requerir de información al Ministerio Público, cuando por algún motivo este último no haya entregado información al respecto, o en caso de negativa, solicitar al Juez de Garantía que se pronuncie respecto al requerimiento de información.
Con el botón de muestra anterior, es claro que la intención del legislador no es otra que la de cuidar de forma fornida el patrimonio fiscal, en cuanto a ingresos por medio de impuestos se refiere.

Dicho lo anterior, no deja de llamar la atención la forma en la cual el Servicio ha abordado la situación, resaltando que por medio de procedimientos administrativos y algunas denuncias que han obtenido un monto de $ 12 mil millones. Si bien, no deja de ser relevante para el interés fiscal, no tiene que ser el criterio principal para requerir el funcionamiento del aparato sancionador, puesto que, al fin de la jornada no consultaremos cuánto dinero se logró recaudar, sino que, como ocurre con otros casos de connotación nacional, nos cuestionaremos si impuso una sanción efectiva.
Se ha argumentado también que, en el uso de la facultad que el Código entrega al Servicio, este se ha ejercitado de acuerdo a estrictos criterios técnicos. En relación a este punto, tenemos que recordar que la persona que puede declarar la existencia de un delito corresponde a los Tribunales de Justicia, quienes por medio de la prueba aportada durante la fase procesal correspondiente, dirimirá la acusación correspondiente.

Es cierto, a veces se ha intentado hacer intervenir al Servicio en situaciones que extrapola la arista de fiscalización. No hay que perder de vista que no obstante puede tener como consecuencia un hecho extra, la causa tiene que ver justamente con las atribuciones de fiscalización que el Servicio ostenta, y que, al igual que el aparato persecutor, debe investigar.

Variadas pueden ser las razones por las cuales el Servicio decida no solicitar intervención de justicia penal. Es por esto que, es un buen momento para reflexionar en torno a la facultad que el ordenamiento le entrega, en particular sobre la exclusividad del ejercicio de la acción. Lo anterior con dos fundamentos. El primero, y siguiendo el criterio decidido por el Servicio, por el dinero recaudado. Se ha mencionado cuanto se ha recuperado, sin embargo, no tenemos mención sobre cuánto es lo que el Estado ha dejado de percibir en realidad. Lo que, a todas luces, puede empañar o derechamente detener los políticas públicas sensibles. Sabemos que los recursos son escasos, sin embargo, no por lo anterior debemos conformarnos.
La segunda razón tiene que ver con un criterio técnico. Si se comparte titularidad con Ministerio Público, lograremos tener dos entidades que mantendrán en sus filas técnicos y profesionales capacitados para estudiar, preparar y presentar casos en los cuales se encuentren lesionados los intereses fiscales. Entonces, ya no solo tendremos que celebrar que se ha recuperado tal cantidad de dinero, sino que dichos servicios podrán festejar que mediante un acuerdo reparatorio se logró obtener el monto adeudado, con la connotación que aquello implica.

Finalmente, estoy convencido que, si aumenta el rol sancionador en los términos ya referidos. Nosotros, los ciudadanos, estaremos más confiados en aportar con nuestros ingresos a un Estado que no solo se ocupa de fiscalizar y tomar, sino que, además se encarga de sancionar aquellos que lo intentan burlar.

Claudio Pimentel Perez
Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Miembro del Comité Editorial y Jefe de departamento de Derecho Civil y Derecho Tributario de Nuevo Derecho. Correo: cpimentel@nuevoderecho.cl

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