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Hace un breve tiempo atrás, el gobierno de Chile inauguró un momento histórico intitulado como “proceso constituyente”, mediante el cual los distintos grupos fácticos del país participarán de diversas instancias articuladas por el mismo, para recoger sus inquietudes, opiniones y preferencias con la finalidad de que estas se transmitan y queden plasmadas en una nueva carta fundamental para el país.

Muy poco se sabe acerca de estos grupos y sus tendencias representadas, ni de cómo irán a deliberar para llegar a un acuerdo, y por supuesto, menos aun se sabe de cómo serán las instancias referidas, lo único en que hay algo de claridad, es que la actual constitución no les acomoda ni al gobierno ni a estas agrupaciones políticas. Esta falta de confianza –si se quiere decir así- figura motivada en distintas razones, por ejemplo se ha dicho que es necesario cambiar la constitución para reformar el sistema educativo, también se ha señalado que impone “trampas” que dificultan el debate democrático[1], pero en lo que nos importa, y que es en lo que queremos centrar una pequeña observación, particularmente aquí respecto de lo que se ha dicho en cuanto al contenido económico de la constitución. Sobre lo anterior, se ha señalado que este consagra un modelo económico de carácter “neoliberal”[2], que basado en el Principio de Subsidiariedad, obstaculiza el desarrollo de los llamados derechos sociales. Desde mi perspectiva, las sentencias anteriores son categóricamente falsas, están basadas en nada más que en pura ideología, no contribuyen al debate jurídico-político serio, y están fundadas nada más que en falacias, por cuanto considero imperioso aclarar estos puntos para poder enfrentar un debate constitucional más sincero y mejor fundamentado, en ese sentido procederé viendo en tres puntos, sucesivamente las objeciones que se presentan a la constitución, confrontándolo y analizando las mismas, para concluir con una reflexión general a título de conclusión.

Economía neoliberal.

Si la constitución ampara un sistema de carácter neoliberal, debiera tener al menos disposiciones que por medio de las cuales, se le pueda encontrar contenido en la misma. Primeramente quiero consignar una fijación del término neoliberalismo para proceder a la búsqueda constitucional del mismo, es por ello que vale entenderlo como un sistema económico, en que existe una preeminencia maximalista del factor privado en los medios de producción, combinado con un desplazamiento de la acción estatal, a asuntos que son periféricos o accesorios a la economía, y en el menor de los casos, a fiscalizar y supervigilar el mantenimiento de los mercados en libertad plena para hacer y deshacer. Sobre esto, me parece exagerado y hasta odioso decir que la Constitución le presta amparo, un repaso breve por el articulado de la constitución sirve para aseverar lo que he dicho. El primer artículo, con el que se da principio a las Bases de la Institucionalidad, estatuye en forma directa la servicialidad del Estado para con la persona, y el Bien Común de la misma y la sociedad, lo que entra en directa contradicción con las supuesta labores periféricas le encomendaría el sistema neoliberal, más aún, teniendo en cuenta los deberes del Estado, que en el cierre del mismo artículo se señalan para propender al fortalecimiento de la familia y promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación, junto a otras cosas. Contiene asimismo, la facultad para actuar como un agente económico más, en la institución conocida como el Estado Empresario, estatuida en el artículo 19 número 21 inciso dos. También el rango constitucional del sistema tributario, el dominio estatal sobre la propiedad minera, la función social de la propiedad, el establecimiento de un banco central, y muchas cuantas cosas más se podrían consignar aquí, y analizar detenidamente, que nos llevarían a la conclusión de lo absurdo que resulta ligar la existencia de un sistema económico, de carácter individualista, con el contenido de la Constitución.

Principio de Subsidiariedad y neoliberalismo.

Mención aparte merece el Principio de Subsidiariedad, y su valía respecto del derecho constitucional chileno, si bien algunos aseguran que no se puede afirmar su vigencia en el texto de la constitución[3], una opinión más certera nos dice que existen muchas disposiciones de la carta fundamental en que si se entiende la vigencia e importancia del principio en cuestión, mayor referencia no es necesaria, pues puede uno remitirse a las instituciones que señale en el apartado anterior, pero si me interesa ahora dejar en claro la contraposición que hay del principio para con el supuesto sistema. En primer lugar el problema, se le sindica al Principio de Subsidiariedad ser el sustento del sistema neoliberal, lo que es completamente falso; quiero citar en este respecto la opinión de los profesores Emilio Pfeffer y Felipe Lizama, quienes han dicho que “… existe una suerte de ‘endoso constitucional’ sobre el principio de subsidiariedad, ante la supuesta ausencia de protección de los derechos sociales. Este ‘endoso’ consiste en que muchos otros problemas del país se atribuyen como causa a la consagración de la Constitucional, y en especial del principio de Subsidiariedad”[4], por cierto que este “endoso” del que hablan los profesores, es algo por completo injustificado, ellos mismos lo señalan en su trabajo, y además quiero en ese sentido yo dejar en claro lo erróneo del mismo y sus causa. Primero decir que el principio en cuestión se vincula semánticamente con el vocablo ayuda, y también con suplencia, así lo precisa el profesor Eduardo Soto Kloss, cuando se refiere a la etimología e historia del concepto, por cuanto este mismo principio requiere de una vital actuación estatal, que no se limite a labores periféricas ni accidentales, si no que aquellas que por su visión servicial, tal cual lo estatuye el constituyente, debe actuar en ayuda y colaboración de la vida social y personal de la gente, pero solo en ayuda, de ahí la idea de que sea en auxilio, por eso no es que siempre deba actuar el Estado[5]. Ahora con respecto a la causa de este endoso, es preciso señalar que, en la historia constitucional del país, han habido distintas interpretaciones del contenido de la carta magna, algunas más que otras con un marcado tinte ideológico, en ese sentido es que el Principio de Subsidiariedad ha recibido una interpretación neoliberal, aquí primero que nada quiero dejar en claro que esta visión del principio es compartida por aquellos que defienden la actual Constitución con su visión limitadora, y a mi parecer, obviamente obstaculizadora de la acción del Estado, por ello quiero citar a Arturo Fermandoise, quien en su manual de derecho constitucional económico señala una serie de requisitos a que tiene que estar el Estado a la hora de permitirse su actuación en Estado Empresario, estos requisitos van más allá que los propios imperativos que estatuye el constituyente, por lo cual a mi parecer carecen de completa eficacia, además hay que dejar presente que el autor referido no oculta su posición ideológica, pues él mismo señala que pretende realizar una interpretación “libertaria” de la Constitución[6]. Lo precedentemente dicho, significa una interpretación con una marcada visión individualista, alejada a la idea original que significa la subsidiariedad, esta que se encontraba ligada a la Doctrina Social de la Iglesia Católica surgida ante la cuestión obrera[7]. Finalmente en este punto dejar en claro que el Principio de Subsidiariedad no es un “límite” para la acción estatal, más bien correctamente se trata de un ordenador del mismo, por mediante el cual se marca su importancia y labor en una comunidad política, y como un mediador entre la actividad estatal y la particular, que… “amortigüe los impactos de la acción estatal, y el desenfreno de la libertad individual”[8].

En cuanto a los llamados derechos sociales.

Derecho sociales, es una forma de llamarle también a los derechos de carácter prestacional que tiene el Estado para con la gente, estos vienen a encuadrarse con lo que la doctrina identifica como el Principio de Solidaridad, y que como tal y en cuanto a todos estos derechos, tienen un amplio reconocimiento constitucional, así tenemos el derecho a la defensa jurídica que debe asegurar el Estado, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación, a la seguridad social, además de los deberes genéricos del Estado, de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, son elementos que conforman este principio de solidaridad, y además vienen a conformar parte del cuerpo del Estado Social de Derecho[9]. Asimismo, existen también derechos que de carácter prestacional que son reconocidos por instrumentos internacionales de derechos humanos, de estos últimos no existe razón para ver una posible contradicción con los que contiene nuestra carta fundamental, pues por disposición de la misma, el Estado debe respetar y garantizar los derechos contenidos en tratados internacionales ratificados y vigentes. Por otro lado tampoco debiera descartarse respecto de aquellos derechos que tienen un reconocimiento simplemente legal, como si la ley no sea una fuente del derecho.

Reflexiones finales.

Cuesta presentar reflexiones finales, pues en este estado de las cosas está casi todo dicho ya, pero sí de todas maneras se puede hacer un recuento general tendiente a ver el asunto y proyectarlo para los debates constitucionales. Nuestra ley fundamental, contiene una serie de derechos de carácter prestacional que son incompatibles con interpretaciones individualistas de carácter neoliberal, pues ellas van en directa oposición con el Principio de Subsidiariedad, por mediante el cual, el Estado se encuentra obligado a ayudar a la comunidad, a la sociedad, no a verse limitado ni interferido en su actuar; sin embargo los teóricos del asambleísmo parecen soslayar esto, y prefieren ver en la letra de la Constitución un obstáculo para preterir la acción estatal, y con esto “endosarle” los problemas económico-sociales a la misma, siendo que puedo decir con toda propiedad, que el problema en realidad es la interpretación marcadamente neoliberal que se la ha dado a la misma, ese es el verdadero problema y el verdadero obstáculo a la posibilidad de acción del Estado, pero como sabemos que no es más que una interpretación, por qué no simplemente cambiar el paradigma hermenéutico, aquí los promotores del cambio constitucional no dan ninguna respuesta certera, y se limitan a insistir en –permítanme el uso de este concepto que se estila mucho hoy sobre todo por quienes aquí me refiero- criminalizar a la Constitución, cuando en realidad el problema es el que ya dije, por ende me permite sospechar de las verdaderas intenciones detrás de estas propuestas y del proceso.

[1] Véase,  Fernando Atria, La Constitución tramposa, Lom ediciones, 2013.

[2] Entiéndase referido a la ideología liberal-libertaria

[3] Véase en este mismo portal, la ponencia que presenté en el Segundo Congreso Estudiantil de Derecho Constitucional, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en 2014.

[4] Emilio Pfeffer y Felipe Lizama, “Estado social y bases institucionales de la Constitución de 1980”, Derecho Público Iberoamericano, N°7 (2015), pp. 119-139.

[5] Eduardo Soto Kloss, Derecho administrativo, temas fundamentales, Legal Publishing, 2012, pp. 109-132.

[6] Arturo Fermandoise, Derecho Constitucional Económico, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006.

[7] En este sentido puede verse abundante bibliografía, particularmente el egregio libro: AA.VV., Subsidiariedad, más allá del Estado y del mercado (Coord. Pablo Ortúzar), IES Chile, 2015.

[8] Julián Gil de Sagredo, “El Principio de Subsidiariedad y los cuerpos intermedios”, en AA.VV., El Principio de Subsidiariedad, Fundación Speiro, 1982, 63-76.

[9] Véase con más propiedad en: Emilio Pfeffer y Felipe Lizama, Opus Citae.

Elio Segovia Olave
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con mención en derecho regulatorio por la Universidad Arturo Prat, Iquique, estudiante de Magister en Dercho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: esegovia@nuevoderecho.cl. Twitter: @eliosegoviao

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