logo


Por Miguel Silva Bustos

Desde hace mucho tiempo, hemos venido escuchando una y otra vez sobre casos de delitos de estafas y la rapidez con que las personas acusadas -no culpables como muchos periodistas han señalado- han escapado de nuestro país, sin pasar por un tribunal que juzgue los hechos y establezca si es que realmente existe un “Delito de Estafa”.

En nuestra legislación, la estafa está establecida desde el art. 467 en adelante en nuestro Código Penal, pero para poder ser juzgado, la parte imputada deberá estar en presencia de un tribunal. Ese es el mayor problema en ambos caso; “la presencia”. Por lo que la estafa, queda a un margen cuando tenemos este tipo de problema.

Y entonces, ¿Cómo logramos un juicio justo hacía las posibles victimas y el imputado?

A través de la figura legal llamada “Extradición”. Definida, por el ex profesor de Derecho Penal –que en paz descanse- Manuel Garrido Montt, como: “La institución por la cual un Estado, denominado requerido, entrega a otro –el requirente- la persona que le solicita y que se encuentra en sus territorio, para que el requirente lo procese penalmente o para que cumpla una condena cuando ya lo ha sentenciado. Se califica de “activa”, en relación al país requirente, y de “pasiva”, respecto del requerido, que es quien debe hacer la entrega”.

Por lo tanto, más que una asistencia jurídica en las voces de Von Liszt, sería una cooperación reciproca, a nivel internacional, entre los Estados, de tal magnitud, que ha sido creada por tratados internacionales para perseguir la impunidad a través de la agencia internacional llamada Policia Internacional -INTERPOL- “administrada” por la PDI en Chile.

Este tipo de cooperación, data desde hace siglos. Principalmente, desde requerimientos que hacían las monarquía europeas (Carlos V), pero que aun en la actualidad los Estados ejercen la misma institución, agregando caracteristicas a través de convenios internacionales. Por ejemplo: El Codigo Bustamante, El Convenio sobre Extradición en el sistema interamericano, entre otros.

De las fuentes de esta institución, podemos encontrar las nacionales e internacionales, las que al parecer son más importantes que las misma internas en este tipo de casos.

El primer elemento que debemos encontrar, es que debe existir modalidades de vinculación entre ambos Estados. El problema es que Chile, de los 193 países que existen en la Asamblea General y los 200 a nivel de comunidad, solo ha contraído convenios con el 5% de ellos, dejando tanto a Malta como a Rumania fuera de este porcentaje. Por lo que la “reciprocidad” acelerada, como sucede con otros paises, no tendría efecto inmediato, por mucho que nuestros tribunales hayan otorgado la extradición a petición de algun país, victima, etc.

Además, los criterios deberían ser distintos y deferenciar entre si son delitos comunes o políticos. En este último caso, se crea el derecho de (o al) asilo. A la vez, se debería revisar las condiciones relativas a la punibilidad del hecho. Pero este no es tema, ya que el delito de estafa, por muy extraña que pareciera, es un delito de tipo común en nuestra legislación -y en la de Rumania y Malta igual-. Y por último, para establecer la punibilidad del hecho, pasaríamos mucho tiempo sin ponernos de acuerdo. Desde ese punto, es el Ministerio de Relaciones Exteriores quién acoge la solicitud, legalizando y traduciendo documentos para dar cumplimiento a la extradición en conjunto con nuestros tribunales nacionales. Pero eso lo veremos más adelante.

Por lo tanto, a la vista de los hechos y el derecho, ¿tenemos otra opción?

Claramente, en el Derecho Internacional. El santo grial y el santo de las causas perdidas, por lo menos en Derecho.

Los textos de Derecho Internacional pueden ser tan diversos, desde convenios multilaterales y bilaterales o, simplemente; no tener convenios de extradición, lo cual comprende relacionar la extradición con instituciones jurídicas internacionales.

Por lo que, en Derecho Internacional, si existe esta institución, entendiendose como un elemento de reciprocidad y cooperación mutua entre los Estados o, tal como señala Diez de Velasco; “si no hubiere reciprocidad no cabe acudir al recurso de amparo por quebrantamiento de la reciprocidad, sino que podrá obtenerse declaración de inconstitucionalidad de un tratado en cuyas cláusulas resulte vulnerado el citado principio; lo que determina no la nulidad, mas si la inaplicabilidad del convenio”. De tal manera, es tan importante que se haya reforzado la idea de generar esta institución “supragubernamental”, que no es simplemente una más en el Derecho.

El problema en estos casos, es que por mucho que exista la institución, se podría negar la extradición. Por lo que debemos acurdir a la aplicación de algun Tribunal Internacional de Jurisdicción Obligatoria o denunciar formalmente la violación que prevee el art. 54, 56 y 60 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, si es que existiera algún tratado. Entre estos caso, podremos encontratar tratados tales como: Convenio Europeo sobre Extradición de 1994 creado por el Consejo de Europa –el Concejo es diferente-. También, en EE.UU. existe un departamento de justicia que posee un formulario de manera “universal”, ofreciendo prioridad a la naciones mexicanas y colombianas.

Volviendo a la misma idea, el caso es que Chile solo ha firmado el 5% de 200 países en la comunidad acerca de extradición. Reitero la pregunta; ¿Qué podemos hacer?

La primera opción; si Fiscalía se queda solo con la solicitud a Policia Internacional, acerca de la orden de captura contra estas dos personas, tiene simplemente una opción: Esperar. Ya que, como sabemos, -por ejemplo- en Rumania parece que el conseguir alguna documentación ilegal sería más fácil de lo que creemos, sin contar los pasos fronterizos a otros países, los cuales no hay fiscalización.

La segunda opción, es fundar la solicitud en el Tratado de Palermo sobre Delincuencia Organizada, tratado que tiene más de 10 años y sirve a nivel internacional. Además, la Corte Suprema, también podría requerir a la personas tramitando de acuerdo a los principios del Derecho Internacional, apoyados en el Ministerio de Relaciones Exteriores (DIJUR – MINREL)

Este tipo de solicitud debe ser fundada y no bastaría solo con la querella, justificando:

  • La Existencia de un delito
  • La participación del mismo

Por lo que podrían existir complicación, si no se establece realmente lo que sucedió. Por mucho que exista una orden de captura, si el imputado no se acerca a un aeropuerto o una salida fiscalizada por el otro país, se podría mantener eternamente dentro del país.

Por lo que volvemos a la misma idea. Encontramos jurisprudencia de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones en solicitudes de extradición activa, donde no existen tratados, operando principios de Derecho Internacional. Aplicando el tratado de Parlermo.

La solicitud deberá ser resuelta por la autoridad judicial del país a quien solicitado. Este último, deberá revisar su legislación (Constitución) que no prohiba la extradición. Y aunque no exista tratado, se deberá revisar el Tratado de Palermo del año 2000, cuyo art. 16 señala delitos graves como el lavado de dinero. Pero todo esto se deberán basar en Derecho Internacional.

Dejar un comentario con:

Loading Facebook Comments ...