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Principio de Subsidiariedad y alternativas para el desarrollo económico. Acerca de una discusión constitucional.

Por: Elio Segovia Olave*

En la más reciente elección presidencial de nuestro país, además de ser testigos de una de las más bajas participaciones en la historia electoral, pudimos contemplar el nacimiento de algo carente de precedentes, esto se trata de un movimiento político-social que busca el cambio institucional mediante una asamblea constituyente, y sin ánimos de entrar en mayores detalles, diremos que el señalado movimiento identifica en nuestra actual carta fundamental no solo problemas de índole democrático y de derechos fundamentales, sino que también puntos que dicen relación a la economía del país, en ese sentido, estas agrupaciones arremeten contra la constitución del 80’ al argüir que esta viene a sustentar una institucionalidad económica neoliberal, y que esto puede ser arreglado con el método asambleísta que ellos proponen; en las siguientes líneas sostendremos brevemente que esta economía neoliberal solo obedece a un fundamento de política económica, del que han adherido los sucesivos gobiernos, y sin que por ello se pueda establecer como una consecuencia necesaria de la aplicación directa de la normativa constitucional, con todo, poniendo especial énfasis en lo que respecta al Principio de Subsidiariedad, por ello señalaremos además, que este régimen económico puede ser fácilmente modificado mediante meras reformas legales o reglamentarias.

Institucionalidad neoliberal.

El gobierno militar se vio enfrentado con una situación de grandes dificultades económicas, por lo que para su solución terminó por acoger las doctrinas de la escuela de chicago, de esta forma comenzó con un proceso de privatizaciones con el que consiguió enajenar gran parte de lo que en su momento fueron empresas del Estado; además de ello, este gobierno se abocó la terea de refundar el marco constitucional del Estado de Chile, encargando a una comisión de juristas la elaboración de un nuevo texto constitucional, este nuevo texto recogió en parte el señalado influjo neoliberal, así se privilegiaron los derechos de libertad por sobre otros derechos específicos, verbi gratia: la libertad de educación en lugar del derecho a la educación, el objetivo de estas políticas era guiado por la idea de que se debía disminuir el rol activo del Estado para dejar que sea la sociedad quién tenga mayor preponderancia, ello sobre la base de la premisa de la Sociedad Libre.

Con todo ello, y con la arquitectura constitucional que pretendieron efectuar, el profesor Jaime Guzmán propuso la incorporación de un capítulo referente al Orden Público Económico en su texto, y más aún, la incorporación expresa del Principio de Subsidiariedad en cuanto a la actividad económica del Estado, sin embargo su iniciativa no tuvo la venia que él esperaba, ni en la comisión, ni en la junta de gobierno, así, el Estado Empresario quedó únicamente supeditado a su aprobación mediante ley de quorum calificado.

El Principio de Subsidiariedad en la actividad empresarial del Estado.

Hemos dicho que el Estado Empresario solo requiere ser autorizado por una ley especial, así lo dispone nuestra carta fundamental en su artículo 19 número 21, a pesar de ello parte de la doctrina jurídica nacional insistió en que ello, (y además de otros elementos normativos) significaba que en forma implícita el constituyente consideró que el Estado Empresario debía ejercerse solo en forma subsidiaria, esto generó una práctica constitucional que llevó a los tribunales de justicia a fundamentar sus fallos sobre recursos de protección y amparo económico en la subsidiariedad del Estado Empresario, y además, a justificar opiniones de los políticos en el contexto de los debates parlamentarios. La antedicha situación ha estado siendo revertida por una doctrina jurídica más novísima (Ruiz-Tagle, 2006; Niño Parada, 2007; Schürman O, 2006; Vallejo Garretón, Pardow Lorenzo, 2008), en el sentido que estas vienen a rechazar los argumentos que dan sustento al señalado principio; con este antecedente, y en opinión de quién redacta estas líneas, el Principio de Subsidiariedad en la actividad económica del Estado, es al menos una posible interpretación de una disposición del articulado de la carta fundamental, y por cierto, es solo una interpretación doctrinal, distinto de lo que son las interpretaciones auténticas, las que poseen toda la heteronomía que íntegramente pueda poseer una norma jurídica cualquiera, por lo tanto el término de esta doctrina del Estado Subsidiario solo pasa por la dictación de una ley interpretativa de la constitución, o ni siquiera eso, si no que por el cambio de criterio de nuestros jueces y legisladores.

Alternativas para el desarrollo.

La industrialización y la tecnologización del país, entre varías son alguna de las vías que podemos considerar para que nuestra nación surja como un gran país desarrollado y de esa manera todos los beneficios que ello conlleva, asimismo sabemos y reconocemos que esto no es algo que en la actualidad deba estar en manos del Estado, como lo sería en un anticuado y oprobioso sistema centralmente planificado, sino que es algo que requiere la participación de los privados, con la asociación del Estado, aunándonos aquí a la opinión del premio nobel de economía de 1970 Paul Samuelson, quien señaló que Los casos extremos de Laissez Faire y de dictadura totalitaria de la producción sirven para dramatizar los principios económicos, pero hoy no se trata de elegir uno de esos dos polos como política, sino de decidir el grado en que los poderes públicos han de intervenir más o menos para modificar la actividad económica privada.

Ciertamente la implementación de la doctrina del Estado subsidiario se trata de un ejemplo de caso extremo de laissez faire, y que además este solo es legitimado por lo que podemos denominar como una mera costumbre, sin que esta misma tenga mayor aceptación en el derecho positivo, es por ello que para terminar con este práctica solo se requiere una ley interpretativa de la constitución, y ni siquiera eso, puesto que basta con un cambio en el modo de pensar de los políticos (o en su defecto cambiarlos a ellos), puesto que las herramientas jurídicas ya existen, y peligran ante la propuesta de solución asambleísta.

 

* Autor: Elio Segovia Olave. Egresado de Derecho de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Ayudante de Derecho Comercial y Económico. Ayudante de la Revista Corpus Iuris Regionis.

Twitter: @ElioSegoviaO

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