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Por Roberto Opazo Barrientos

En las últimas semanas ha sido recurrente escuchar el tema acerca del “Derecho al olvido” que consiste en el derecho que tiene cualquier persona natural a hacer que se elimine a perpetuidad la información sobre ellas mismas. Algunos especifican que ese derecho puede ser exigible mediando un lapso de tiempo; otros sostienen que la solicitud puede realizarse en el momento en que se cumple la finalidad para el cual fueron recogidos los datos; y otros postulan que la legitimación para ello nace desde el instante en que los datos se encuentran siendo tratados por el receptor de ellos, es decir, en cualquier momento. Pero, ¿será necesaria la existencia y aplicación de este derecho?

En principio suena sumamente provechosa la noción en comento, teniendo a la vista lo eficiente que resulta ser la memoria absoluta de Internet, sobretodo pensando que es el lugar en donde encontramos información que hoy resulta valiosa y accesible para todos. Es aquí en donde el Derecho al olvido entra en acción; ¿Qué sucede si existe información relevante respecto a una persona en relación a antecedentes que siendo negativos para ella, resultan de utilidad para la sociedad civil? Ella, bien podría exigir la eliminación de dichos datos, vulnerando el derecho a la libre información y a la libre expresión. Alguien podría referir al respecto la veracidad de la información publicada. Pero ante ello el perjudicado tiene a su disposición acciones penales específicas, y con mayores beneficios que la simple eliminación de los datos. Tenemos mecanismos ya regulados para ser accionados ante un conflicto respecto a la información personal en Internet.

Hay que ser cauteloso con la información que se encuentra a disposición en la red. Es claro que si existiera el Derecho al olvido en los términos ya referidos, podría darse un fenómeno en que la información publicada entregue a conocer una arista aislada de la información global a tener en cuenta, eliminando datos que perfectamente pueden ocasionar la omisión de tópicos relevantes para la sociedad. Por lo mismo al poner a disposición datos personales en Internet no resulta un asunto intrascendente, por lo que es necesario –primeramente- ser consciente de los efectos que dicho acto acarrea. De lo anterior, es factible sostener que en caso alguno el capricho personal expresado en criterios vagos y ambiguos podría ser argumento válido y suficiente para eliminar esta información.

Cuando se reconoce que es primeramente el usuario quien debe entender la trascendencia que importa la entrega de datos poniéndolos a disposición pública en la red, nace una pregunta respecto a ¿quiénes son los encargados de mantener a resguardo la información que entregada para que fuese utilizada por otros? Existe al respecto un deber pendiente por parte de la autoridad en perfeccionar y aplicar mecanismos ya existentes que garanticen una adecuada y ajustada utilización de los datos,  que respondan específicamente a una utilización determinada por los actores resguardando la libertad de expresión y la privacidad como garantías fundamentales. Factores que significan la verdadera problemática en la entrega de información personal.

Generar deberes para las empresas o entidades que recogen información personal en orden a evitar la utilización de los datos más allá de lo pretendido y permitido por los usuarios, es la dirección para donde deben ser encaminadas las relaciones entre el usuario y los servidores, anhelando que sea con la misma rapidez con que avanza la tecnología y el acceso a la información. Paralelamente, la posibilidad de considerar la caducidad de los datos se traduce en un mecanismo óptimo y autosuficiente de protección de la información personal, lo cual significaría que los datos recopilados tengan vigencia y publicidad por un tiempo determinado, respondiendo así a la finalidad específica para la cual se recogen. Porque hoy en día, y como transcurre el desarrollo informático, los procesos de recolección de datos se efectúan en base a transacciones en las que para acceder a cierto contenido de internet es requisito previo completar un formulario con una serie de datos personales, y al respecto se piensa que esa entrega servirá de acceso al contenido requerido, pero además de ser ello, se les dan otros tratamientos, de carácter comercial que en la mayoría de las ocasiones se realiza con el desconocimiento del propietario de los datos.

Concientizar a las personas que dicha entrega es trascendente; además de generar deberes para las empresas con respecto al tratamiento de datos personales, estableciendo reglas, deberes y un ente supervisor del tratamiento de los datos acorde a las garantías de los individuos, hacen infértil la proyección y aplicación del Derecho a ser olvidado en Internet.

Roberto Opazo Barrientos
Roberto Opazo Barrientos; Egresado de Derecho de la Universidad Central de Chile; Director de Revista digital Nuevo Derecho; Director de Departamento de Derecho Económico en Nuevo Derecho; Director académico y co-fundador de "Espacio Central"; Coordinador General de Juventud de Partido Ciudadanos. Contacto: ropazo@nuevoderecho.cl

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