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Por Miguel Silva Bustos.

La Federación Chilena de Fútbol y el denominado Plan Estadio Seguro, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, determinó a través de Sergio Jadue, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que los 88 chilenos involucrados y detenidos en los incidentes previos al partido entre España y Chile no podrán asistir a los estadios en Chile. Según los primeros,  la medida responde a un derecho que otorga la Ley de Violencia en los Estadios para que los organizadores de los partidos “no permitan el ingreso a los recintos deportivos a quienes no presentan un comportamiento acorde y adecuado en el marco de esta actividad deportiva” y que la prohibición se tomará también con quienes puedan resultar responsables de eventuales nuevos incidentes durante la Copa del Mundo.

Pero, por mucho que los hinchas, que carecían de entrada para el partido, forzaron un cerco de seguridad e invadieron en estampida la sala de prensa del estadio en un intento de buscar una puerta de acceso a las gradas, estos no pueden ser juzgados en Chile, nuevamente, a su regreso.

La ley chilena ni el protocolo de Estadio Seguro tienen competencia sobre situaciones ocurridas en el Territorio Brasileño. Es más, esto sienta un precedente para las barras de Chile, ya que por ejemplo; para los hinchas de ColoColo o Universidad de Chile que acompañan a sus equipos en la Copa Libertadores o Sudamericana y prendan bengalas o realicen desordenes en otras partes de América, en las cuales no esta prohibido el ingreso de estas, serán juzgados en Chile por no seguir las reglas impuesta en nuestro país, a pesar de haber sido liberados o no culpados por el Estado donde ocurriría hipotéticamente la situación. Entonces, ¿Los hinchas seremos perseguidos a través de políticas que se hicieron internamente en nuestro país?

Esta situación es aún más grave, ya que existe un doble juzgamiento por parte de las autoridades Chilenas. Por lo tanto, la Cosa Juzgada, el principio del favor libertatis (Aplicación restrictiva de las normas que limiten la libertad), el in dubio pro reo son pasados a llevar. Se comete una infracción al principio ne o non bis in idem (no ser juzgado dos veces), creando una inseguridad jurídica en el sistema chileno. Incluso, este principio se enmarca a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el “Debido Proceso” y esta siendo totalmente pasado a llevar. Es por todo lo anterior, que el Estado de Chile estaría cayendo en una falta grave sobre garantizar los derechos humanos a sus ciudadanos, aplicando reglas sin tener la competencia asignada, convirtiéndose la ANFP en un órgano persecutor, siendo que no tiene ninguna facultad penal. Cabe destacar, que en Chile se han dejado pasar incidentes de manera impune en espectáculos de fútbol y es sorprendente que por ser un campeonato del mundo, visto internacionalmente, se trate de juzgar en territorio chileno a 88 hinchas por incidentes a través de una norma que carece de extraterritorialidad y viola los derechos humanos del ciudadano. Por lo tanto, la pregunta será: ¿Es mejor dejar sin castigar el crimen de un delincuente, que condenar al inocente? a mi parecer no.

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