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Por Francisca Reyes Arellano. Estudiante de quinto año de Derecho en la Universidad de Los Andes, Presidenta de la Academia de Derecho Público en la misma casa de estudios y Directora ejecutiva en Revista Nuevo Derecho.

Incesantes han sido los comentarios que tanto los medios, como diferentes entidades han realizado hacia la Presidenta Michelle Bachelet, quien hace unos días adoptó la decisión de querellarse contra la Revista Qué Pasa, particularmente contra su director, editor general y periodistas.

Todo comenzó cuando la revista decidió transcribir la conversación de Juan Díaz – ex socio de Natalia Compagnon- y darla a conocer en la edición que salió a la luz el día 26 de mayo del presente año. En la transcripción se hacía directa alusión a la relación que la actual Presidenta de la República mantenía con la empresa Caval. Lo anterior terminó por desatar la “furia y descontrol” de la mandataria, tal como señalan sus más cercanos colaboradores de Gobierno.

Finalmente, todo desembocó en la querella por delito de acción privada de injurias graves con publicidad que fue presentada el día 31 de mayo por la Presidenta, en su calidad de ciudadana, en la cual solicita la pena de 3 años de reclusión y multa de 150 unidades tributarias mensuales.

Llama la atención que esta no es una situación particularmente novedosa en el mundo político, puesto que casos anteriores ya han encendido la polémica, y cabe señalar que estos no solo se han manifestado en el ámbito nacional, sino también extranjero, contando los países latinoamericanos entre los más aludidos por este tipo de situaciones.

En paralelo se desarrolla la adopción de medidas que buscan acabar con las querellas por violación tanto al derecho a la honra, como a los derechos de imagen, eliminando –en general- toda legislación por injurias que atente contra los estándares internacionales de libertad de expresión. Es así como México se suma recientemente a la supresión de la acción penal por injurias, decisión que ya había adoptado con anterioridad El Salvador.

Como ya se señaló, conflictos como el suscitado la semana pasada no son nuevos en el ámbito internacional, y es que ya ha ocurrido en otras ocasiones, que mandatarios presentan querellas en contra de medios que han realizado publicaciones de carácter ofensivo o cuyo contenido no es precisamente del agrado presidencial. Es así como el año 2011 el presidente de Ecuador, Rafael Correa, presentaba una querella por injurias en contra del diario ecuatoriano “El Universo”, el cual tiempo antes había publicado un reportaje en el cual se sindicaba al actual presidente como directo implicado en el fuego a discreción abierto contra un hospital durante el intento de Golpe de Estado llevado a cabo en ese país durante septiembre de 2010.

Al anterior se suman otros casos como el del diplomático Costarricense Félix Przedborski, o Presidente Turco Recep Tayyip Erdogan.

Si bien no existe una postura unívoca ante este tipo de casos, las organizaciones internacionales están cada vez más tendientes a eliminar toda medida que pudiese eventualmente atentar o poner en jaque la libertad de expresión. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos[1] como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) se han pronunciado al respecto. La primera de ellas para dejar sin efecto la sentencia que condenaba al periodista Mauricio Herrera Ulloa, mientras que la segunda solicitó expresamente al Presidente Correa retirar la querella presentada contra los altos ejecutivos del diario “El Universo”.

En nuestro país el panorama no dista mucho de lo expuesto anteriormente, con la diferencia de que el foco no se pone sobre la libertad de expresión, sino más bien sobre las concesiones que lleva consigo el hecho de asumir un cargo público.

Es así como en el contexto del Recurso de Protección presentado el año 2014 por Marcel Claude, cuando la empresa de producciones y talleres “La Toma” publicó un video que dejaba en evidencia los problemas de carácter contractual que el entonces candidato presidencial tenía con sus trabajadores, la Corte de Apelaciones de Santiago, en su considerando tercero se refirió al tema de la siguiente manera: “Quien aspira a la primera magistratura de la nación debe estar dispuesto a que sus potenciales electores se informen sobre el modo en que se desenvuelve en sus relaciones comerciales o contractuales”[2].

De lo anterior se desprende que tanto el derecho a la propia imagen como el derecho a la honra –en el caso de Michelle Bachelet- pueden entrar en tensión con otros derechos, como la libertad de expresión, por tanto, la menor o mayor extensión en la protección de estos derechos, dependerán principalmente de la posición o cargo que voluntariamente haya decidido asumir la persona en el ámbito público. De hecho, la misma presidenta en la primera parte de su querella expone:

“…tenemos convicción que quien ejerce un cargo de representación pública, como el de Presidente de la República, supone necesariamente estar expuesta a la constante crítica política y escrutinio público por parte de la sociedad como consecuencia de sus decisiones y gestiones.”[3]

Entonces, estando en plena conciencia y voluntariedad respecto del cargo asumido, ¿es posible pretender limitar la libertad de expresión e información que ejerce quien se encuentra en posición de interés por el acontecer público? Aún más, ¿se pueden poner barreras a los medios de información y alta difusión pública cuando estos involucran a los principales actores de la política gubernamental del país?

A este respecto, la Corte de Apelaciones nuevamente señala en su considerando séptimo:

“La tolerancia a las afectaciones a la privacidad de una persona es mayor o menor según fuere su participación en las cuestiones públicas, porque tratándose de quienes pretenden ejercer funciones de esa índole, que participan en la “cosa pública”, es evidente que exponen al escrutinio ciudadano tanto su pensamiento como su propia persona, haciéndolo de un modo voluntario.”[4]

Un parámetro que permitiría llevar a la práctica esta ponderación, guarda relación con la cualidad de la posición que la persona involucrada detenta en la sociedad, y la calidad que se puede atribuir a los juicios de valor inherentes a la opinión que esta emita.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es evidente que la Presidenta Michelle Bachelet detenta un cargo de alto interés público, en virtud del cual los juicios u opiniones emitidas por ella, tienen un factor de interés mayor a los que cualquier otra persona pueda realizar. Además, sus actos tienen repercusiones de vital importancia  en el acontecer político y social de la nación, ya que la relevancia de su cargo lleva consigo la responsabilidad que la legitimidad de su elección le ha otorgado, y por tanto, no basta solo con tener en cuenta la libertad de expresión que toda persona tiene por el hecho de ser tal, sino que además, se debe estar dispuesto a que el ejercicio de este derecho recaiga sobre alguna cualidad o situación de carácter personal, puesto que la concesión de la privacidad en virtud del rol público asumido así lo amerita.

[1] Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fallo disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf 

[2] Claude con Producciones y Talleres La Toma Ltda. (2014): Corte de Apelaciones de Santiago, 24 de febrero de 2014 (Recurso de Protección).

[3] Querella presentada por Michelle Bachelet el 31 de mayo de 2016. Disponible en: https://issuu.com/perico72/docs/docum_72097172__1_?e=21973131/36157901

[4] Ob cit. Claude con Producciones y Talleres La Toma Ltda. (2014).

Francisca Reyes Arellano
Estudiante de quinto año de Derecho en la Universidad de Los Andes. Presidenta de la Academia de Derecho Público en la misma casa de estudios. Correo electrónico: freyes@nuevoderecho.cl. Twitter: @fcareyesa.

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