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Por Roberto Opazo Barrientos*

Si nosotros tratamos a las personas “igualmente”, no necesariamente las trataremos “correctamente” [1] es lo que afirma el profesor Peters y permite entender de mejor manera la idea de igualdad, que no resulta ser necesariamente igualitaria en los términos ya expresados. Pero que no por ello se encuentra errada, incluso llegamos a establecer que el concepto clásico propuesto por Bandeira de Mello, estableciendo que igualdad es “tratar de forma igual a los iguales y desigualmente a los desiguales”[2] planteando así un carácter igualitario, genera una reiteración innecesaria de ideas, y que desencadena una estructuración poco práctica configurando así una tautología, como bien expresa el profesor Fermandois[3].

De lo anterior es importante destacar que , en definitiva, para la separación de la idea de igualdad respecto al concepto –clásico- igualitario, será preciso entender que el llamado “juicio de igualdad” comenzará siempre con el agrupamiento de los sujetos que serán tratados de igual manera[4]. Y esto se debe, medularmente a que es necesario agrupar a los iguales, para poder determinar si existe igualdad o discriminación de carácter arbitraria en estos grupos. No es preciso decir que somos todos y cada uno iguales, pero las condiciones en las que se encuentran los individuos pueden ser asimilables entre ellas, y es allí en donde sí es preciso hablar de equivalencias situacionales y por consiguiente es correcto desarrollar este juicio a partir de un grupo entre personas que se encuentran en las mismas condiciones en relación a otros grupos, en palabras más sencillas nos referimos a segmentar condiciones para disponer correctamente entre ellos.

Nuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones afirma lo anteriormente señalado en orden a determinar que la igualdad y su respectivo juicio opera respecto de mismas situaciones:

 “El principio de igualdad ante la ley supone que todos los que se encuentren en una misma situación fáctica deben tener idéntico tratamiento y ser considerados bajo un mismo aspecto jurídico, y con ello salvaguardar el derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, sin establecer respecto de nadie diferencias arbitrarias”.[5]

Para estimar a las personas iguales o desiguales debemos apreciarlas en un mismo orden, fundado en la razonabilidad. De una manera concluyente debemos entender que el Legislador mediante el artículo 19 nº2 de la Constitución Política de la República determina que las normas jurídicas deben ser iguales y aplicadas de manera uniforme a todas las personas que se encuentren en iguales condiciones, y por ello no deben concederse privilegios a unos, ni imponer cargas o gravámenes a otros que se hallan en las mismas circunstancias. Dicha distinción, entre unos y otros que no se encuentran en la misma situación debe razonable, de manera que es éste el verbo rector para determinar la medida de igualdad o desigualdad[6]. Por conclusión espontánea, y al hablar de igualdad en los términos ya referidos, ella no es absoluta, sino que se aplicará la ley en cada caso según la diferencias constitutivas del mismo.[7]

En suma, hablamos de una igualdad que no es ante la ley, sino más apropiadamente de la igualdad en la ley, y esto fundamentalmente reposa en que la formulación abstracta que se da al principio de igualdad se aplica a circunstancias, condiciones, contextos asimilables por ser iguales o diferentes, las cuales tienen estrecha y determinante relación a la finalidad de la ley. Y es en esta última premisa en donde encuentra reposo la frase enunciada al comienzo de la presente columna.

 

[1]Christopher J. Peters, Equalité Revisted” en CX Harvard Law Review (1997) p. 1217.

[2]Celsio Antonio Bandeira de Mello: El contenido jurídico del Principio de Igualdad, Anuario de Derecho Administrativo (Santiago, Universidad de Chile, 1978) pp. 7-29

[3]Arturo Fermandois Vöhringer: Derecho Constitucional Económico, Tomo I (Santiago, Editorial Universidad Católica de Chile, 2006) p.252

[4]Arturo Fermandois Vöhringer, Ob. Cit. en nota 3, p.253.

[5]Fallo publicado en LXXXVIII Revista de Derecho y Jurisprudencia, 2ª P., S. 5ª, p. 178.

[6]Segundo Linares Quintana, IV Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y comparado (Buenos Aires, Ed. Plus Ultra, 1980) p. 263.

[7]Arturo Fermandois Vöhringer, Ob. Cit. en nota 3, p.254.

 

 

Roberto Opazo Barrientos
Roberto Opazo Barrientos; Egresado de Derecho de la Universidad Central de Chile; Director de Revista digital Nuevo Derecho; Director de Departamento de Derecho Económico en Nuevo Derecho; Director académico y co-fundador de "Espacio Central"; Coordinador General de Juventud de Partido Ciudadanos. Contacto: ropazo@nuevoderecho.cl

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