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Por Roberto Opazo Barrientos. Egresado de la Universidad Central de Chile, Director y columnista permanente de Nuevo Derecho, Presidente de la Juventud de Partido Ciudadanos.

En Chile, los procedimientos en materia penal y materia civil han venido siendo objeto de una multiplicidad de reformas que tienen por eje central velar por los principios que fortalecen la agilidad, transparencia y facilidad de tramitación de los distintos procesos que se sustancian en los tribunales chilenos. Claro ejemplo de lo anterior es la nueva ley de tramitación electrónica Civil que en la Región Metropolitana entrará en vigencia en Enero de 2017, pero que en otras regiones del país ya entró en funcionamiento. Esta nueva Ley trae consigo importantes variaciones, entre ellas es posible avisorar la nueva manera de constitución de Patrocinio y poder mediante firma electrónica avanzada, la digitalización del estado diario, la desaparición del expediente y en su lugar la creación del cuaderno electrónico disponible digitalmente, así también desaparece la figura de las compulsas y su elevación a los Tribunales Superiores, entre otras más que sin duda vienen en agilizar la tramitación de los litigios y haciendoles más disponibles para el público en general. Sin duda estas modificaciones significan un gran avance para una nueva adaptación del debido proceso, y su subprincipio de celeridad, en relación a las nuevas tecnologías, las que contribuyen a un mejor ejercicio jurisdiccional e impartición de Justicia. Por su parte el procedimiento Penal también sufrió una reforma, aunque mucho más profunda, igualmente se abordó aspectos de agilización en la tramitación y publicidad del proceso.

Claramente si consideramos que los Tribunales Civiles y de Garantía tienen un procentaje alto de tramitación, no es menos cierto que existen otras materias tan o más demandadas de jurisdicción que están bajo competencia de otros tribunales, y es el caso de los Juzgados de Policía Local, los cuales tienen su propia Ley especial de procedimiento (Ley 18.827) y bajo su competencia yacen una serie de materias de relevancia fundamental en la Sociedad, como lo son todas aquellas infracciones de la Ley de Copropiedad, de Tránsito, también lo referido a las infracciones a la Ley del Consumidor, entre otros (ver lista completa).

“…actualizándolos e introduciendo una serie de mejoras que homologuen al nuevo sistema de tramitación procesal civil.”


Al efecto, la cantidad de juicios referidos a las materias en comento han sido trampolín para que congresistas plantearan la idea de traspasar la competencia a los tribunales civiles, e incluso a proponer que el ente que conozca de todas las infracciones sea el mismo Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), soluciones que resultan complejas, toda vez que la solución óptima para este problema no es huir de los Juzgados de Policía Local trasladando la competencia de ciertas materias a los tribunales ordinarios de Justicia, sino que asistir a ellos, pero actualizándolos e introduciendo una serie de mejoras que homologuen al nuevo sistema de tramitación procesal civil.

¿Por qué actualizar la normativa de tramitación de los Juzgados de Policía Local?

Hay múltiples razones que son resueltas en la praxis y también en la renovación de medios tecnológicos que terminan por tener aplicación en otros procedimientos.

Una de las razones se da con ocasión de la comparecencia personal en algunos procedimientos, por ejemplo respecto a la Ley del Consumidor que en su artículo 50 C permite la comparecencia personal del consumidor, lo que permite el seguimiento de los particulares en litigios, pero que les exige tener un conocimiento y manejo mínimo de un proceso judicial, lo que en la cotidianeidad no se ve sino que más bien nos encontramos frente a consumidores que más allá de ser o no patrocinados por abogados (que en este caso es voluntario) exigen una manera más sencilla de poder seguir el estado de su causa, y de hacer gestiones tendientes a agilizar la acción, sobretodo si pensamos que dichas diligencias deben efectuarse en horario laboral asunto que claramente para el actor que comparece personalmente significa una traba no menor a la hora de poner en ejercicio la tutela y ejercicio de los principios procesales que alimentan nuestro ordenamiento. Claramente una digitalización de los procesos beneficiaría y haría más eficaz el acceso a la Justicia, cuestión que el legislador viene abogando en los últimos años.

Cabe señalar que la Ley del Consumidor no es el único procedimiento que permite la comparecencia personal, otros ejemplos lo vemos en la ley de tránsito, sobretodo en asuntos infraccionales.

Otra razón reside en el ejercicio de las labores del abogado y procuradores. Hoy en día los Juzgados de Policía Local parecieran ser un espacio en dónde la aplicación del Derecho muchas veces quedan de lado, al menos en comparación a los tribunales civiles, abriendo muchas dudas sobre la imparcialidad de estos juzgados, principalmente por la relación que van formando los funcionarios del tribunal y los profesionales del Derecho. Por otra parte, no es desconocido que existen, al menos en la Región Metropolitana, Juzgados de Policía Local en donde establecen reglas propias a la hora de comparecer y sustanciar el procedimiento, e incluso respaldados en la sana crítica van formando su propia tendencia sentenciadora que termina por transformarse en un imperativo procesal en algunos territorios jurisdiccionales. Ahora todo ello está sujeto a eventuales recursos que pueden deducirse en cada proceso, pero sería beneficioso una nueva mirada a la Ley vigente, y aplicar los nuevos criterios civiles en Policía Local.

Sin embargo, hay que ser conciente de dos aspectos fundamentales y pretéritos a todos estos problemas: 1. Los Juzgados de Policía Local no son órganos que forman parte del Poder Judicial; y 2. Estos Juzgados dependen económicamente de los Municipios respectivos y claramente ello incide de manera trascendental en el funcionamiento de éstos, y ven un impedimento enorme en la actualización y homologación de su orgánica y normas de procedimiento.

Ante todo lo expuesto en estas líneas –que no reflejan la totalidad de todas las características de los Juzgados de Policía Local- se aprecian indicios de retardo en materia de procedimiento y tramitación en estos órganos, sobretodo pensando en la actualización de los Tribunales Civiles. A mayor abundamiento es posible, incluso, establecer la existencia de una incomunicación y falta de absolutización de la intención del legislador en orden a aplicar efectivamente los principios procesales en nuestro Sistema, ya que pareciera que dicha voluntad respecto a principios universales sólo tienen eficacia respecto a algunos órganos jurisdiccionales y mientras sigamos así encontraremos en los Juzgados de Policía Local el resabio del Sistema Civil antiguo.

Roberto Opazo Barrientos
Roberto Opazo Barrientos; Egresado de Derecho de la Universidad Central de Chile; Director de Revista digital Nuevo Derecho; Director de Departamento de Derecho Económico en Nuevo Derecho; Director académico y co-fundador de "Espacio Central"; Coordinador General de Juventud de Partido Ciudadanos. Contacto: ropazo@nuevoderecho.cl

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