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Por Claudio Pimentel Pérez. Abogado de la Universidad Central de Chile, Asesor jurídico e Investigador en grupo de estudios de corrupción, transparencia y probidad en CDC.

Soberanía, protección del grupo humano, legítima defensa y posible agresión. Todas ideas que seguramente rondaron al equipo a cargo de la defensa nacional de Turquía el pasado martes 24 de noviembre de 2015, cuando al no recibir respuesta alguna mediante comunicación radial entre la base de aquella y las aeronaves militares –hasta entonces desconocidas-, decidieron derribar, obteniendo como resultado la destrucción de ambas, para posteriormente acribillar a uno de los ocupantes, descubriéndose solo tiempo después que se trataron de aviones en ejercicio militar rusos.

¿Es justificada la actitud adoptada por la República de Turquía? Para determinarlo debemos dar revista a las reglas que rigen la responsabilidad internacional de los Estados. Es así que, en un primer análisis, podemos apreciar que las condiciones de imputabilidad, causalidad, daño, acción y finalmente reprochabilidad estarían presentes en esta situación, hipótesis que permitiría a la Federación Rusa recogerla y hacerla valer ante las autoridades administrativas y judiciales que correspondan, con el fin que Turquía de cuenta del resultado lesivo y con ello, la responsabilidad que pueda caberle. Tanto fue así que esta actitud no se hizo esperar. Luego de tan solo unas horas de ocurrido este suceso, el representante de Turquía ya enviaba una nota a la Organización de las Naciones Unidas, explicando la singularidad de este incidente.

No obstante, las diversas perspectivas y posturas que pueden encontrarse al estudiar pormenorizadamente la actual situación y la actitud del presunto país agredido, ¿Es legitima la actitud que asume Rusia, en relación a los bloqueos instaurados por su máximo representante? Podría pensarse que se hallan autorizadas en atención al principio esencial y fundante de los Estados, –a saber- la soberanía.

Sin embargo, a pesar de lo casi inédito que resulta esta circunstancia, ambas naciones decidieron no dar aplicación a las normas que rigen esta materia, basta para confirmar la afirmación anterior traer a colación el principio de no agresión, la legitima defensa, la relación de paz entre Estados, entre otras.

Resulta claro e indiscutible que todos los países se encuentran legitimados y amparados para proteger sus intereses a lo largo de su extensión territorial, marítima, espacial e insular, utilizando para aquello todos los medios permitidos por el ordenamiento jurídico internacional. Es importante hacer énfasis en este punto, ya que, observado desde el prisma del presunto país agredido, este consideró que tuvo motivos más que suficientes para proceder en la forma ya descrita. Por otro lado, la nación realmente afectada decidió someter la resolución del conflicto bajo las reglas de la autotutela, método que se encuentra alejado de lo que se considera permitido o correcto desde las reglas del deber ser, no solo en el ámbito internacional, sino que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos internos de cada país.

Finalmente, en el actual contexto que gira entorno a la Comunidad Internacional, es claro que todas las naciones velan por el fin último establecido en la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, para poder lograr una completa y acabada consecución de este, se torna imprescindible dar cumplimiento a todas aquellas normas mínimas de convivencia establecidas por aquella para llevar a cabo una relación de paz y respeto. De esto depende que las contiendas entre Estados disminuyan o se afiancen con el transcurso del tiempo.

Claudio Pimentel Perez
Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Miembro del Comité Editorial y Jefe de departamento de Derecho Civil y Derecho Tributario de Nuevo Derecho. Correo: cpimentel@nuevoderecho.cl

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