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Por Claudio Pimentel Pérez. Abogado en proceso de titulación de la Universidad Central de Chile e investigador en grupo de estudio CDC.

Conocido es ya por toda la comunidad internacional el resultado de la audiencia que tuvo lugar ayer en el Palacio de la Paz, ubicado en la tercera ciudad más grande de países bajos, en la cual se ventiló ante las partes litigantes la decisión de la Corte Internacional de Justicia en relación a la presentación realizada por el equipo chileno durante el mes de mayo, en orden a que el procedimiento iniciado en contra de Chile no tuviese consecución, basándose esta actitud en la supuesta incompetencia de la Corte para conocer del asunto, por encontrarse este ya resuelto por los contendores en un instrumento internacional celebrado con anterioridad tanto del estatuto de la Corte, como del Pacto de Bogotá. 

En vista al fallo, es permitido reflexionar en torno a la forma que ha tenido el órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas de abordar el conflicto. Siendo la cuestión principal, justamente, la actitud de esta en orden a considerarse competente para conocer del asunto. Pregunta que queda despejada al dar revista a la resolución. En ella se establece que la plena vigencia y validez del acuerdo suscrito en el año 1904, por lo que, se evidencia, a lo menos, una actitud favorable para Chile, en relación a fijar su estrategia de defensa, no ya en cuanto a la defensa de la soberanía territorial y marítima.

Esclarecido lo anterior, nace por consecuencia una segunda cuestión, cual es entender la razones por las cuales la Corte quiso entrar a conocer el fondo del asunto. Para esto, es necesario determinar el objeto de la Litis, siendo estas exclusivamente las siguientes (a) Determinar si existe para Chile la obligación de negociar y (b) Determinar, en caso afirmativo de la hipótesis anterior , si Chile ha dado cumplimiento a esta obligación.

¿Por qué la Corte ha reaccionado de esta manera? Creemos, ha sido seguramente con la intención de preservar el fin último de las Naciones Unidas, adhiriendo a este la justicia, sin embargo, ¿Por qué pronunciarse? A nuestro juicio, únicamente con el propósito de establecer la fuerza vinculante de una fuente de derecho internacional no contemplada en su estatuto, pero que ha sido considerado por la doctrina, que son los denominados actos unilaterales de los Estados. Y esto es lo problemático, no desde la perspectiva de las pretensiones de los actores, sino de la función de la Corte. 

Ciertamente entendemos que la labor esencial de cualquier órgano jurisdiccional es la de resolver los conflictos externos de intereses jurídicos, no obstante lo anterior, cada continente destaca por desarrollar su propio sistema jurídico. Por lo que, puede resultar, a lo menos complejo entender a ratos el razonamiento adoptado.

Por todo, una alternativa para nuestro continente, es la de al fin crear una Corte Americana destinada a conocer no solo asuntos relacionados con los Derechos Humanos, sino que, a cualquier controversia jurídica, o caminar hacía la adaptación del sistema jurídico imperante en nuestro continente, para así, comprender de mejor manera los asuntos que ocurren a nivel de Justicia internacional. 

Finalmente la decisión, cualquiera que esta sea, debe ser comentada y propuesta con cautela.

Claudio Pimentel Perez
Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Miembro del Comité Editorial y Jefe de departamento de Derecho Civil y Derecho Tributario de Nuevo Derecho. Correo: cpimentel@nuevoderecho.cl

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