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Por Roberto Opazo Barrientos.

Se aprobó (actualización: La ley fue promulgada con fecha 13 de Abril de 2015) en el Congreso el proyecto que permitirá que convivientes legalmente reconocidos -sin importar su sexo- proteger sus derechos de acceso a la salud, a la previsión social, a la herencia y a otros beneficios sociales que en conjunto con anterioridad a la existencia de este nuevo estado civil no podían ejercer sin estar bajo la tutela del matrimonio.

El Acuerdo de Unión Civil (AUC.) pareciera no tan sólo ser una institución que tiene por objetivo la protección de derechos pecuniarios, sino que terminó por convertirse en un estado civil, pero similar al matrimonio. Ante ello es que estamos frente a un conviviente civil que viene en ajustarse a un estatuto jurídico y patrimonial de carácter matrimonial, aunque los defensores del AUC difieran de ello, porque en la práctica este nuevo estado civil es un matrimonio de “segunda clase”. Aclaro desde ya que al calificarlo de “segunda clase” no es peyorativo; en estricto rigor lo califico así por el carácter menos riguroso que impone a los convivientes civiles respecto a los cónyuges el AUC.

El AUC no tan sólo guarda relación con el matrimonio por ser ambos un estado civil, sino que además porque los convivientes gozan de un régimen patrimonial –separación de bienes o comunidad de bienes-, a su vez los convivientes civiles serán reconocidos como familia, lo cual implica la posibilidad de estar protegidos con el sistema de salud, pudiendo ser carga entre ellos. También la prioridad en el cuidado de los hijos del conviviente sobreviviente en caso de muerte del otro. Paralelamente tienen derecho a herencia entre sí. Tan similares llegan a ser que el Registro Civil, al igual que en el matrimonio, es la entidad ante quien se celebran estos acuerdos, y además son los tribunales de familia los competentes en materia de AUC.

Las diferencias las vemos en cuanto a que los convivientes pueden ser del mismo sexo. Otra discordancia es referente a los deberes impuestos en el matrimonio, ya que son suprimidos. Y por último, la convivencia civil puede disolverse por voluntad unilateral sin causa ni plazo alguno.

De todo lo anterior no nos queda más que concluir que el Acuerdo de Unión Civil viene en erigirse como un Matrimonio de segunda clase, teniendo menor vínculo entre los convivientes, al carecer de deberes entre ellos.

A la luz de lo expuesto cabe bien preguntarse ¿para qué este estado civil?, ¿realmente es útil?. Ambas preguntas se responden a continuación. ¿Útil? Vaya que lo es, cualquier estatuto que tenga por finalidad regular relaciones patrimoniales y familiares por supuesto que lo es, pero para eso ya existe el matrimonio.  Entonces no se explica la necesidad de crear un nuevo estado civil que venga a regular en la misma medida los mismos asuntos; resulta un absurdo tener dos herramientas legales que apuntan al mismo fin. A menos claro, a vista de los mal intencionados, que la prohibición de celebrar compraventas entre cóyuges no se extienda a los convivientes civiles.

Claramente en la actualidad el matrimonio va en franco descenso, y esto se debe en gran medida a la fragilidad de las relaciones personales de hoy en día, pareciera ser que las personas no están dispuestas a adquirir los deberes que impone el matrimonio y prefieren convivir antes que celebrar aquél, y ven en la convivencia la particularidad de someterse a un régimen de vida menos riguroso y con mayores libertades. Por su parte, tradicional e históricamente se vincula al Matrimonio Civil –definido como un contrato en el artículo 102 de nuestro Código Civil- con el matrimonio religioso, provocando en aquellas personas que no ven afinidad con ningún tipo de religión optar por la omisión del matrimonio civil, obviando y muchas veces ignorando las consecuencias que ello trae.

Lo importante acá, resulta expresar que el matrimonio civil es la columna vertebral para la regulación de este tipo de relaciones, no debiendo existir ninguna más. Por consiguiente, siempre será mejor fortalecer esta figura. No obstante ello, no es conveniente tampoco mantener inmutable el vínculo del Matrimonio civil, siendo éste susceptible de cambios afines a la actualidad y que vayan en armonía con la Sociedad y sus necesidades.

Algunos lectores podrían pensar que de estas líneas exhala la intención de totalitizar el uso del matrimonio civil como lo conocemos hoy e impidiendo que las personas que no están de acuerdo a contraerlo  no tengan más opción que quedar desvalidas en sus derechos, lo que no es así. Al respecto es necesario tener en cuenta que el individuo es libre de escoger si regirse por un régimen patrimonial o no hacerlo y dicha decisión debe ser lo suficientemente informada ya que estrictamente se trata del futuro de su patrimonio y dicha información radica en saber qué implica el matrimonio, y ciertamente las condiciones que éste ofrece en la actualidad permanecen rígidas y coartan la libertad e igualdad de las personas para contraerlo. Es por ello que estas líneas sugieren fortalecer el contrato de Matrimonio otorgándole mayores libertades y dotandolo de las ventajas que el AUC trae consigo.

Esta nueva institución resulta beneficiosa, en cierta medida y exclusivamente para aquellas parejas del mismo sexo, ya que las parejas heterosexuales que conviven de hecho, a los ojos del legislador, lisa y llanamente debiesen ser consideradas como personas que no desean someterse a la regulación patrimonial, y ello bajo el principio de la libertad individual. Por de pronto, pareciera ser que este nuevo estado civil es un paliativo y medida de urgencia ante requerimientos de la Sociedad, pero muy mal administrados.

El legislador, humildemente, se equivoca al no reforzar al matrimonio con las caracterísiticas especiales que entrega la convivencia civil, y en vez de ello crea este último estado civil que termina por ser irreconciliable con el primero, siendo que unidos generarían un estado civil inclusivo, igualitario y eficaz. Es más, me atrevo a decir que el AUC al permitir la regulación patrimonial entre parejas homosexuales, profundiza aun más la diferenciación respecto a parejas heterosexuales, ya que dicha regulación a aquellos se les permite bajo un estado civil, mas no en otro. Se intuye consecuencialmente que se quiere alejar a parejas del mismo sexo de la figura tradicional del matrimonio, agravando con esto la igualdad de las personas en la Ley.

No parece tan extraño pensar que al existir dos estados civiles similares y a su vez las parejas homosexuales solicitando el respeto de su igualdad como personas, obliguen al legislador a abrir al matrimonio a parejas del mismo sexo, lo cual terminaría por ofrecernos dos estados civiles casi idénticos con el mismo objeto. Por consiguiente tampoco es descabellado pensar que en un futuro no tan lejano el Matrimonio civil caiga en desuso y termine por ser una celebración tradicional de carácter religiosa sin ninguna trascendencia pecuniaria. Ni tampoco será sorprendente ver parejas contraer nupcias religiosas y a la vez estableciendo como estado civil el de convivientes civiles.

 

Roberto Opazo Barrientos
Roberto Opazo Barrientos; Egresado de Derecho de la Universidad Central de Chile; Director de Revista digital Nuevo Derecho; Director de Departamento de Derecho Económico en Nuevo Derecho; Director académico y co-fundador de "Espacio Central"; Coordinador General de Juventud de Partido Ciudadanos. Contacto: ropazo@nuevoderecho.cl

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