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Autor: Miguel Silva Bustos

La demanda boliviana en contra Chile finalmente ya es un hecho y al parecer lo que más llama la atención es la absoluta e incomprensible subestimación de lo que puede significar. Incluso, la mayoría de los ciudadanos piensa que Bolivia repetiría la derrota sufrida en Ginebra en 1921, aunque tan equivocados no estaría, pero esta vez costaría más demostrar un triunfo para Chile.

En efecto, algunos han sostenido que no existen argumentos en derecho internacional para obligar a otro a negociar, impetrando dudas sobre la pertinencia de una demanda de esta naturaleza, señalando insuficientes, incompletos y totalmente fuera de contexto la petición de Bolivia, la cual dependerá, por ahora, de la aceptación de Competencia de la CIJ (Corte Internacional de Justicia).

Recordemos que el Canciller Alfredo Moreno aseguró que “la posición boliviana es extremadamente débil”. Agregando que “Esta pretensión de que Chile va a ser obligado a entregar una parte del territorio para entregárselo y regalárselo al país de al lado, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo”

Además, esta ha sido calificada como una construcción jurídica denominan “derechos ‘expectaticios”, derivada de las distintas ocasiones en donde Chile habría propuesto una salida al mar.

Demanda boliviana

La demanda se basa en obligaciones que Chile habría contraído por medio de acuerdos, diplomacia y declaraciones de representantes de nuestro país, tales como; presidentes, ex ministros, entre otros, para así negociar un acceso soberano al mar para Bolivia. Lo cual Chile habría desestimado en todas las ocaciones y que jamás se habría comprometido a negociar de buena fe.

El escrito de admisión de la demanda presentado por Bolivia ante la CIJ señala que Chile habría materializado -lo anteriormente dicho- en distintas declaraciones a través de negociaciones bilaterales en 1950, ratificadas en un memorándum del embajador chileno en La Paz en 1961; el Abrazo de Charaña en 1975; la declaración 426 de de la OEA aprobada con el voto de Chile y la Agenda de los 13 puntos elaborada durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, entre otras más que se encontraran en el escrito de demanda si es que la Corte establece su competencia en el asunto.

Por lo tanto, la demanda no es nada del otro mundo, sino que es bastante imaginativa y artificiosa. Antes de la presentación de la misma, todos los argumentos apuntaban en base al tratado de 1904. Pero, esta estrategia fue cambiada por los los expertos que asesoran a los bolivianos y aconsejaron a la Paz otro medio de fuente de derecho internacional para obligar a Chile, ya que el tratado de 1904 solo beneficiaba los argumentos de nuestro país. Desde ahí, se habló de “derechos expectaticios”, pero que en la realidad basaba sus argumentos en actos propios del Estado chileno. Ante esta situación, Bolivia empezó una campaña internacional para demostrar, en distintos países, que Chile tenía la obligación de negociar una salida soberana para Bolivia. Y, que este fin de semana nos encontramos con un párrafo de Salvador Allende en el diario El Mercurio para encender los ánimos de división dentro de nuestro país.

Caso Ihlen

En 1933, la Corte Permanente de Justicia Internacional (Actualmente denominada Corte Internacional de Justicia),  estableció en un fallo el “Estatus jurídico de Groenlandia Oriental”, el cual se disputaba entre Dinamarca y Noruega. Todo habría empezado por una declaración unilateral de Noruega en 1931 que dejaba constancia de la “toma de posesión oficialmente confirmada” del territorio en contienda, los que pasaban “bajo soberanía noruega”.

La historia nos cuenta que Groenlandia fue descubierta aproximadamente en el año 900 por navegantes noruegos que establecieron, en ese mismo lugar, colonias. Pero, parece que estas desaparecieron aproximadamente en el S. XV. Por otro lado, en en aquellos años (1380 d.c.) los reinos de Dinamarca y Noruega se reunieron en una misma corona, unión que duró hasta 1814. La capital de Copenhague se convirtió en la capital de ambos reinos reino, pero nada indicaba que Groenlandia habría dejado de ser una posesión noruega aunque estuviera sometida a una sola o doble corona.

Este reino, se vio mermado por las guerras napoleónicas. Dinamarca seguía a Napoleón y Noruega no. Tras la derrota de Leipzig, Dinamarca se vio forzada de ceder Noruega a Suecia, excepto Groenlandia, Islandia y las islas Feroés. Desde entonces, la titularidad de danesa sobre Groenlandia parece establecida, aunque el territorio permaneció inexplorado e inhabitado. En 1905, Noruega proclama su independencia y que dede ya algunas expediciones noruegas habían visitado las costas orientales de Groenlandia.

Luego en las negociaciones de paz, Dinamarca hizo esfuerzos para lograr sus pretensiones sobre Groenlandia, por lo que dio instrucciones a su delegación en Noruega para que comunicara con ese gobierno para no oponer objeción a las pretensiones noruegas sobre Spitzberg al tiempo que debía insinuar los propios intereses de Dinamarca sobre Groenlandia. En el primer encuentro Dinamarca y el señor Ilhen, ministro de relaciones exteriores de Noruega, este último respondió que la solicitud sería estudiada. En el segundo encuentro, Ilhen indicó que “el gobierno noruego no opondría ninguna dificultad al arreglo de esta cuestión”. Pero, tiempo después, Noruega condicionaba su posición a que Dinamarca se comprometiera a no obstaculizar las faenas de casa y pesca sobre la costa oriental de Groenlandia. Por lo que fue quedando claro que Dinamarca estaba dispuesta a satisfacer las pretensiones noruegas sin ceder sobre el aspecto de soberanía. En cambio, en Noruega se fue estableciendo que ese gobierno consideraba como tierra de nadie las costas orientales de Groenlandia.

La “declaración Ilhen” y sus palabras fueron un rol importante en el fallo. En efecto, la Corte consideró “como incontestable que tal respuesta a una gestión del representante diplomático de una Potencia extranjera, hecha por el Ministro de Relaciones Exteriores a nombre de su Gobierno, en un tema de su competencia, liga al país del cual es ministro”. Y concluyó que “en razón del compromiso implicado en la declaración Ihlen del 22 de julio de 1919, Noruega se encuentra en la obligación de no contestar la soberanía danesa sobre Groenlandia”. En consecuencia, la Corte estableció que declaración Ilhen constituía una “promesa”-acto jurídico unilateral-, en virtud de la cual Noruega se encontraba obligada a no poner obstáculo a las pretensiones danesas.

El caso de Groenlandia Oriental aun hoy día es considerado como un “leading case”. Lo cual significa un precedente directo a alegaciones bolivianas y centra su base en la negociación de 1950 afirmando que Chile  estaba “dispuesto a formalizar una negociación directa con el objetivo de encontrar la fórmula que permita otorgar a Bolivia un acceso propio y soberano al Océano Pacífico”, lo que bien podría verse como una promesa a la luz del precedente glosado. Lo cual, no es tan así y lo explicare más adelante.

Allende

El fin de semana, a través del diario “El Mercurio”, nos dimos cuenta de una enorme publicación insertada por el gobierno boliviano, en la cual señalaba que el ex presidente Salvador Allende, en una entrevista, expresó el 12 de noviembre de 1970 que: “Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia y estamos dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico”.

Si bien, nuestro ex presidente expresa claramente la idea y “casi” encaja en la misma hipótesis del caso Ihlen, no tendría fundamento jurídico finalmente. En efecto, la declaración no fue hecha en algún foro, negociación o intercambio de memorándum entre las diplomacias. Incluso, si tal intención existiera, se habría plasmado alguna documento oficial por parte del gobierno chileno o la diplomacia para llegar a un acuerdo. Además, ante todas estas anteriores hipótesis, seguiría existiendo prioritariamente la institución de modificación o revocación del Acto Jurídico Unilateral del Estado, ya que por una negociación nueva en 1975 deja de tener efecto anteriores propuestas o negociaciones. Es más, todas las declaraciones de Allendes fue un contexto privado y de una entrevista de la misma naturaleza.

Por lo tanto, Bolivia más que un argumento jurídico, solo buscaría establecer de manera artificiosa un caso y una división política por lo que significa la figura de Salvador Allende.

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