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Por  Claudio Pimentel Pérez. Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Miembro del Comité Editorial y Jefe de departamento de Derecho Civil y Derecho Tributario de Nuevo Derecho. Correo: cpimentel@nuevoderecho.cl.

El cambio es la ley de la vida. Y aquellos que miran solo al pasado o al presente se perderán seguro el futuro. En tiempos de trance institucional, las diversas reparticiones públicas, y por supuesto, el Estado debe dar señales que reluzcan los valores que definen a nuestra república, y qué hecho más prístino es realizarlo por medio de los actores que se presentan como guardianes y recaudadores del erario.

La legislación del ramo dispone que aquellos hechos que constituyan delitos tributarios y que además sean sancionados por medio de penas privativas de libertad, serán investigados solo si el Servicio de Impuestos Internos interpone una querella, o bien una denuncia. Dispone asimismo que, tratándose de delitos comunes que pudieren tener relación con hechos que configuren ilícitos tributarios, podrá el Servicio requerir de información al Ministerio Público, cuando por algún motivo este último no haya entregado información al respecto, o en caso de negativa, solicitar al Juez de Garantía que se pronuncie respecto al requerimiento de información.
Con el botón de muestra anterior, es claro que la intención del legislador no es otra que la de cuidar de forma fornida el patrimonio fiscal, en cuanto a ingresos por medio de impuestos se refiere.

Dicho lo anterior, no deja de llamar la atención la forma en la cual el Servicio ha abordado la situación, resaltando que por medio de procedimientos administrativos y algunas denuncias que han obtenido un monto de $ 12 mil millones. Si bien, no deja de ser relevante para el interés fiscal, no tiene que ser el criterio principal para requerir el funcionamiento del aparato sancionador, puesto que, al fin de la jornada no consultaremos cuánto dinero se logró recaudar, sino que, como ocurre con otros casos de connotación nacional, nos cuestionaremos si impuso una sanción efectiva.
Se ha argumentado también que, en el uso de la facultad que el Código entrega al Servicio, este se ha ejercitado de acuerdo a estrictos criterios técnicos. En relación a este punto, tenemos que recordar que la persona que puede declarar la existencia de un delito corresponde a los Tribunales de Justicia, quienes por medio de la prueba aportada durante la fase procesal correspondiente, dirimirá la acusación correspondiente.

Es cierto, a veces se ha intentado hacer intervenir al Servicio en situaciones que extrapola la arista de fiscalización. No hay que perder de vista que no obstante puede tener como consecuencia un hecho extra, la causa tiene que ver justamente con las atribuciones de fiscalización que el Servicio ostenta, y que, al igual que el aparato persecutor, debe investigar.

Variadas pueden ser las razones por las cuales el Servicio decida no solicitar intervención de justicia penal. Es por esto que, es un buen momento para reflexionar en torno a la facultad que el ordenamiento le entrega, en particular sobre la exclusividad del ejercicio de la acción. Lo anterior con dos fundamentos. El primero, y siguiendo el criterio decidido por el Servicio, por el dinero recaudado. Se ha mencionado cuanto se ha recuperado, sin embargo, no tenemos mención sobre cuánto es lo que el Estado ha dejado de percibir en realidad. Lo que, a todas luces, puede empañar o derechamente detener los políticas públicas sensibles. Sabemos que los recursos son escasos, sin embargo, no por lo anterior debemos conformarnos.
La segunda razón tiene que ver con un criterio técnico. Si se comparte titularidad con Ministerio Público, lograremos tener dos entidades que mantendrán en sus filas técnicos y profesionales capacitados para estudiar, preparar y presentar casos en los cuales se encuentren lesionados los intereses fiscales. Entonces, ya no solo tendremos que celebrar que se ha recuperado tal cantidad de dinero, sino que dichos servicios podrán festejar que mediante un acuerdo reparatorio se logró obtener el monto adeudado, con la connotación que aquello implica.

Finalmente, estoy convencido que, si aumenta el rol sancionador en los términos ya referidos. Nosotros, los ciudadanos, estaremos más confiados en aportar con nuestros ingresos a un Estado que no solo se ocupa de fiscalizar y tomar, sino que, además se encarga de sancionar aquellos que lo intentan burlar.

Autor: Marco Muñoz Rossi

RESUMEN: Este trabajo, pretende una continuación en la profundización de las ideas planteadas en la ponencia “Los estereotipos publicitarios: Un acercamiento Jurídico y Filosófico” que se presentara en las XIX Jornadas de Investigadores y Becarios en Ciencias Jurídicas y Sociales, de la ciudad de Mar del Plata, en el mes de Septiembre de 2015.

En el mencionado “paper”, se ponía en evidencia las falencias que presentaba el sistema jurídico al momento de dar respuesta a las incidencias del notable acrecentamiento de estereotipos publicitarios en nuestros días.

Para ello, hemos elegido una fuente intelectual en la cual nos apoyaremos para nuestro análisis, refiriéndonos a las ideas fundamentales de aquella vertiente filosófica introducida por el marxismo en plena ebullición industrial: el materialismo dialéctico sentó las bases teóricas (y prácticas) para la reivindicación de la clase trabajadora, otorgándole un protagonismo sin precedentes.

PALABRAS CLAVE:  materialismo dialéctico – filosofía del Derecho – estereotipos – investigación

DESCARGAR ARTÍCULO: La vigencia del materialismo dialéctico en la deconstrucción de los estereotipos jurídicos imperantes

Por Miguel Silva Bustos

El conflicto Ucraniano no pasó desapercibido, desde que el año 2014 empezaran las revueltas en Kiev, y terminaran finalmente con la anexión de una parte del territorio ucraniano -Crimea- a Rusia.

Ante esta situación, la tarde del 16 de Junio de 2017, Ucrania inicio el procedimiento de solución de controversias,-medios legales-, a través de la Corte Internacional de la Haya para demandar a Rusia sobre violaciones de la Convención Internacional para la represión del financiamiento del Terrorismo de 1999 y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial del año 1965, siendo ambos estados partes de estos tratados.

Corte Internacional de Justicia

Recordemos, que la Corte Internacional de Justicia es el órgano principal de las Naciones Unidas, establecido en junio de 1945, que vino a reemplazar a la Corte Permanente Internacional de Justicia. Su cede se encuentra en el Palacio de la Paz de la Haya (Países bajos). Y, dentro de las Naciones Unidas, es el único que no se encuentra en New York.

Tiene como misión; resolver, en conformidad al Derecho Internacional, las controversias jurídicas presentadas por Estados, emitir opiniones consultivas que le remitan tanto órganos y organismos de las Naciones Unidas, debidamente autorizado. Sus opiniones no son vinculantes, pero sus sentencias si, las cuales no pueden ser apeladas. En caso de incumplimiento, el Consejo de Seguridad es el llamado a hacer cumplir sus decisiones.

La Corte está compuesta por 15 jueces o magistrados, por un período de 9 años, y son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo que es un órgano independiente, que cuenta con un registro de asistencia y su propia secretaría internacional, cuyas actividades son tanto judicial, diplomáticas y administrativas. Siendo sus idiomas oficiales: el francés y el inglés.

Este tribunal, es el único tribunal de carácter universal con jurisdicción general, el cual no debe confundirse con otros con sede en La Haya y áreas adyacentes, Como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia), la Corte Penal Internacional (CPI), la primera corte penal internacional permanente, establecida por tratado, que no pertenece al sistema de las Naciones Unidas ), El Tribunal Especial para el Líbano o el Tribunal Permanente de Arbitraje PCA, una institución independiente que ayuda al establecimiento de tribunales arbitrales y facilita su trabajo, de conformidad con la Convención de La Haya de 1899).

Conflicto

En este caso en particular, Ucrania, se basó en las distintas agresiones e intimidaciones de Rusia, desde la Revolución Naranja en 2004. Ha dicho que las escalas de interferencia en asuntos de niveles peligrosos han sido el por qué ha decidido demandar. De las cuales podemos mencionar: intervenciones militares en Ucrania, financiamiento de actos terroristas y violaciones de los derechos humanos de millones de ciudadanos Ucraniano, incluido sobre todo, el derecho a la vida.

El demandante, ha identificado areas del oriente-sur de Ucrania, en donde Rusia ha instigado y sostenido una desobediencia armada en contra del Estado Ucraniano. Por lo que Ucrania consideró estas acciones una violación a los principios de derecho internacional, incluido los consagrados en las convenciones anteriormente mencionadas, esencialmente sobre financiamiento del terrorismo.

Dentro del primer escrito, Ucrania reafirma su acusación en la Convención para la represión del financiamiento del terrorismo, específicamente en los párrafos 134 al 136. En ellos, Ucrania denuncia que, a través de agentes y organismos del Estado ruso, se violaron obligaciones de este tratado, contribuyendo con armas y entrenamiento, creando grupos militares,-todo esto-, en contra de Ucrania.

Además, señala que Rusia asumió la responsabilidad internacional, ya que fomentaron el terrorismo y no lo previnieron, de acuerdo a los distintos hechos suscitados en este último tiempo:

  1. Derribamiento del avión Malaysian Airlines Flight MH17.
  2. Bombardeo a civiles ucranianos en las zonas de Volnovakha, Mariupol y Kramatorsk.

Por lo tanto, Ucrania pidió a la Corte Internacional de Justicia el cumplimiento de las obligaciones contraídas en estos tratados, cesando el fuego, dineros, armas y entrenamientos a grupos armados que realizan actos terroristas en contra de Ucrania y en distintas zonas del país, y desde Rusia a Ucrania. Además, Ucrania pidió de impedir estas mismas acciones, en especial a todos el aparato estatal Ruso, señalando a “Sergei Shoigu”, Ministro de Defensa ruso, también Vladimir Zhirinovsky, Sergei Mironov, Gennadiy Zyuganov, pertenecientes al Estado de Rusia, para persecución en contra de otros actores responsables del financiamiento terrorista. Y cooperar en la investigación del financiamiento del terrorismo, tanto pasado, presente y futuro, incluyendo a todos de todos los conflictos entre Ucrania y Rusia, sin excepción.

Ucrania, solicitó la reparación por la caída del avión, por los bombardeos y desplazamientos en las distintas regiones de Ucrania (Volnovakha, Mariupol, Kramatorsk, Kharkiv) y por todos otros actos que Rusia haya causado, facilitado o ayudado en la financiación del terrorismo, e investigar quiénes son los responsables.

Por otro lado, Ucrania nombró la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial del año 1965, estableciendo que a este caso le eran aplicables los párrafos 137 al 138, insistiendo en que la Corte juzgue y declare a Rusia, y a todos quienes ayudaron a la toma ilegal de los territorios de Crimea, responsables de no cumplir las obligaciones por:

a) Discriminar y maltratar a la Comunidad Tártara (Étnia proveniente de los Mongoles) tratando de borrar su cultura, los cuales fueron percibidos como enemigos a la anexión de Crimea a Rusia.

b) Realizar un referéndum ilegal en un ambiente de violencia e intimidación en contra de grupos étnicos no rusos, sin buscar una solución que incluyera la protección a estos, y privar de la protección legal que Ucrania habría entregado, sometiéndolos al dominio y régimen de Rusia.

C) Eliminar toda expresión política y cultural de la identidad de los tártaros de Crimea, persiguiendo a los dirigentes tártaros de Crimea y la prohibición de Mejlis (organización política de los Tártaros en Crimea), evitando que se reúnan a celebrar y conmemorar su cultura.

E) Realizar y tolerar campañas de persecución, acoso, desaparición y asesinatos a personas de la Comunidad Tártara en Crimea. Además, de registrar y detener arbitrariamente a esta comunidad, silenciando a todos los medios políticos, sociales y de comunicación de la comunidad étnica tártara.

F) Suprimir la enseñanza del idioma tártaros de Crimea e instituciones educativas, que enseñaban la lengua tártara y ucraniana. Además, de prohibir la celebraciones y reuniones de civiles ucranianos en el territorio de Crimea.

Además, Ucrania solicitó a la Corte Internacional de Justicia que Rusia enmiende todo lo anteriormente dicho, dejando de lado toda acción en contra de los grupos étnicos en Crimea y Ucranianos. Restituyendo su cultura y su organización a los Tártaros para que pudieran realizar el “Mejlis”, ejercer sus derechos de reunión y participación política.

Por otro lado, también, solicitó que Rusia adopte inmediatamente las medidas necesarias para poner fin a las desapariciones y asesinatos de los Tártaros e investigar estas situaciones  en Crimea. Además, poner fin a la búsqueda y detenciones ilegales y desproporcionadas de los grupos étnicos. A esto se agrega, la restitución de todo tipo de comunicación Tártara, dejando de interferir en ellas, como también en la educación tártara como la Ucraniana. Restableciendo los derechos de participación cultural, el libre funcionamiento de los medios de comunicación y reparar a todas las víctimas de la política de Rusia en cuanto a las acciones de eliminación cultural que ha realizado Rusia de manera discriminatoria en los territorios ocupados de Crimea.

Medidas Provisionales

En la Corte es común que se puedan realizar, principalmente para la protección de derechos, los cuales son de necesaria urgencia su garantía para la realización y desarrollo de la comunidad y las personas que viven en una región o país determinado. También, para la prevención de hechos ilícitos que pudieran estar ocurriendo en este momento.

Dentro de ellas, Ucrania solicitó a la Corte que Rusia se abstuviera del financiamiento del terrorismo, suministro de armadas; dificultar este caso mediante alguna acción de agresividad; ejercer control adecuado de sus fronteras para impedir esta financiación; detener y evitar todas las transferencias de dinero, armas, vehículos, equipos, entrenamiento o personal para combatir en contra de Ucrania o que en el futuro puedan participar en la “República popular de Donetsk”, “República Popular de Luhank”, Kharkiv y otros grupos asociados; adoptar medidas de garantía para abstenerse de transportar todo tipo de armas, dineros, vehículos y entrenamiento de civiles”.

También, a través del CERD, que Rusia debía abstener de cualquier acto que pueda agravar esta controversia; dejar de lado la discriminación racial; cualquier medida que pueda agravar o ampliar la controversia en virtud del CERD ante la Corte o dificultar su resolución; cesar represiones políticas, jurídicas y sociales, tanto de los Tártaros como los ucranianos; investigar sin demora las desapariciones de ciudadanos en Crimea; y, cesación desistimiento de represión política y cultural en contra del pueblo ucraniano étnico en Crimea, incluido las restricciones de enseñanza y derechos educativos.

¿Posibilidades de ganar?

El conflicto ucraniano-ruso, no solo ha llegado a ser un problema local, sino que diferentes organismos como la Unión Europea, la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos (Ginebra), Consejo de Seguridad, etc, han sido testigos de la situación descrita en el escrito presentado ante la Corte Internacional de Justicia. Al parecer, no es un hecho aislado, y que Rusia tendrá que hábilmente llevar, ya que Ucrania no está solo. Cuenta con el apoyo de Europa, EE.UU. y, últimamente, China.

Este último país, a través de su líder Chino Xi Jinping, dijo que ayudaría a Ucrania a luchar en contra de las agresiones rusas, expresando promover una solución pacífica en la región de Donbass y la restauración de la integridad territorial de Ucrania”, apoyando la soberanía de ésta. Todo esto, se ha acordado para la continuación por el bien de mantener la paz y estabilidad a nivel regional y global, incluso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quedando establecido que ambas partes se volverán a reunir e intercambiar visitas diplomáticas, las cuales se acordarán por vías diplomáticas.

Esta vez, al parecer, Rusia, políticamente, diplomáticamente y jurídicamente “no la tiene fácil”.

Autor: Gema Rodríguez Yáñez, Graduada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), finalizando el posgrado de Acceso a la profesión de abogado por la misma universidad y cursando el Máster Interuniversitario de Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España. Presidenta de la asociación de estudiantes ELSA-Madrid UAM y colaboradora en Derecho & Perspectiva.

RESUMEN: A través del siguiente artículo, desarrollaré, en primer lugar, una descripción histórica, política y cultural para poder entender mejor el Tratado Antártico. A partir de ahí, en segundo lugar, explicaré detalladamente el cuerpo del Tratado mismo, centrándome en todas sus convenciones, para, al final, hacer una breve comparación entre este Tratado y el Tratado del Ártico, pues podemos ver una falta de consenso entre los Estados que no se vio para la realización del Tratado Antártico.

 PALABRAS CLAVE: Tratado – Convención – Medio Ambiente – Recursos – Vivos – Marinos – Antártica – Ártico.

 

PDF: Tratado Antártico

*Artículo publicado originalmente en Derecho&Perspectiva (España)

FALLO: RECURSO DE QUEJA

Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

1° Que a fs. 16 comparece el abogado Sr. José Reinaldo Faúndez Vergara, en representación de doña Gloria Angélica Bustos Cisternas, quien deduce recurso de queja contra los integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministros Sres. Juan Cristóbal Mera Muñoz, Pedro Advis Moncada y la Abogada integrante Sra. Paola Herrera Fuenzalida, quienes pronunciaron sentencia de segunda instancia en la causa Rol N° 18248-7-2015 del 3° Juzgado de Policía Local de Las Condes, que revocó la decisión civil del fallo de primer grado.

Explica que dedujo denuncia infraccional y demanda civil contra Automotora Gildemeister S.A., por infracción a la Ley de Protección al Consumidor, en concreto, a los artículo 3 letra b), por falta de información veraz y oportuna, 12 y 14, por incumplimiento de las reglas para la venta de un producto usado, relatando que la consumidora adquirió, como nuevo, un vehículo marca Mahindra, modelo XUV 500; sin embargo, era usado pues ya contaba con una inscripción vigente a nombre de un tercero, circunstancia que no le fue informada, por lo que la asiste el derecho de opción previsto en los artículos 19 y 20 de la citada ley.

Añade que el tribunal de primer grado concluyó que la actora compró un vehículo creyendo que era nuevo, en circunstancias que no lo era, con lo que la demandada incurrió en una vulneración de sus derechos como consumidora, ordenando una indemnización equivalente al precio neto de la venta, previa restitución del móvil.

Señala que los recurridos, a pesar de haber adquirido convicción sobre la infracción a la ley 19.496, modificaron la decisión civil, por considerar que no se produjo un menoscabo en el patrimonio de la consumidora, ya que el móvil estaba en buenas condiciones, con lo que únicamente ordena la restitución de las sumas pagadas por la primera inscripción y el impuesto pertinente.

Afirma que lo resuelto constituye una falta o abuso grave al revocar el fallo apelado aplicando erróneamente los artículos 3, 14, 19 y 20 de la Ley de Protección al Consumidor.

Solicita se acoja el recurso, se anule la sentencia definitiva de segunda instancia y se pronuncie una nueva que enmiende sus errores u omisiones.

2° Que a fs. 33 los recurridos hacen presente que, en su concepto, el recurso reclama la falta de aplicación del artículo 14 de la Ley N° 19.496 y que la decisión se ajustó a derecho y al mérito de los antecedentes, por lo que estiman que no incurrieron en falta o abuso grave.

3° Que para resolver adecuadamente el arbitrio, es relevante dejar constancia que las resoluciones de primera y segunda instancia establecieron la efectividad de la denuncia, en cuanto la actora adquirió un vehículo que no era nuevo, ya que había sido vendido a otra persona, por lo que la denunciada no cumplió con su obligación de otorgar al consumidor una información veraz y oportuna, infringiendo el artículo 3 letra b) de la ley del ramo.

La divergencia entre ambos fallos pasa, entonces, por la determinación de si esa infracción acarrea o no perjuicio a la consumidora. Mientras el juez a quo sostiene que existe relación de causa a efecto entre el hecho infraccional cometido por la demandada y los daños sufridos por la demandante, los sentenciadores de alzada estiman que ésta padeció perjuicios únicamente en lo relativo al pago del impuesto y la primera inscripción, puesto que recibió exactamente el vehículo acordado en buenas condiciones y pagó el permiso de circulación que le correspondía.

4° Que, en este estado de cosas, no puede pasarse por alto que la circunstancia que sirve de sustento a la pretensión civil de la actora y a la decisión infraccional dictada por los recurridos es el hecho de haberse vendido a la demandante un vehículo como nuevo, en circunstancia que era usado, lo que implica una transgresión del deber del proveedor de proporcionar información veraz y oportuna. De esta manera no es posible, a renglón seguido, negar una indemnización que deriva de ese aspecto central del pleito, puesto que ello acarrea el menoscabo del derecho de la consumidora de obtener una reparación íntegra de los perjuicios sufridos.

En efecto, esa circunstancia fáctica devela que era un elemento relevante de la compraventa celebrada, la convicción de que el automóvil adquirido era nuevo, lo que ciertamente motiva en la compradora el pago de un precio superior al que habría pactado de saber que era usado, de un permiso de circulación propio de un vehículo sin utilización previa, además de los impuestos y primera inscripción concedidos por los recurridos, al punto que el conocimiento de esa condición podría incluso impedir la formación del consentimiento. Entonces, resulta inequívoco que la indemnización a conceder a la demandante debe comprender el pago de todas las sumas desembolsadas por el producto adquirido con la equívoca convicción que era nuevo, puesto que sólo de esa forma se produce la indemnización adecuada y oportuna de todos los daños provocados por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el proveedor.

5° Que, conforme con lo que se ha ido señalado, queda en evidencia que los recurridos han incurrido en grave falta o abuso en los términos del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales en la dictación de la sentencia, puesto que han desatendido lo previsto por el artículo 3 letra e) de la Ley de Protección al Consumidor, al otorgar una indemnización notoriamente incompleta, a pesar de haber establecido el hecho que servía de base para conceder la reparación íntegra del daño, que incluye todas las sumas pagadas por la actora que surgieron de un error provocado por el incumplimiento de la demandada de su deber de información impuesto por la ley, lo que necesariamente implicaba confirmar lo resuelto por el a quo, circunstancia que lleva a acoger el recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales y Auto Acordado de seis de noviembre de mil novecientos setenta y dos y sus modificaciones, que reglamenta la materia, se acoge el recurso de queja formalizado de fojas 16 a 28 y, consecuencialmente, se deja sin efecto la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, que rola de fojas 178 a 181 del Ingreso N° 1105-2016 de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En su reemplazo, y sin necesidad de nueva vista, conforme con lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 18.287, se declara que se confirma la sentencia apelada de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada en los autos Rol N°18248-7-2015 del 3° Juzgado de Policía Local de Las Condes.

Acordada con el voto con contra del Abogado integrante Sr. Correa, quien estuvo por rechazar el recurso de queja pues, en su concepto, los sentenciadores de alzada no han incurrido en falta o abuso grave, sino que, por el contrario, han ejercido las funciones que le son propias dentro de los márgenes otorgados por los hechos del proceso y el derecho aplicable.

No se remiten los antecedentes al Tribunal Pleno, por estimar que no existe mérito suficiente para ello.

Acordada la negativa de enviar los antecedentes al Tribunal Pleno con el voto en contra del Ministro señor Juica, quien estuvo por disponer tal comunicación, porque así lo ordena imperativamente el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales.

Comuníquese por la vía más expedita esta resolución a la Corte de Apelaciones de Santiago y al Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes; sin perjuicio, agréguese copia autorizada de esta resolución a los antecedentes traídos a la vista.

Regístrese, devuélvase el expediente tenido a la vista a la Corte de Apelaciones de Santiago y, hecho, archívese.

Rol N° 73.838-2016

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller, Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., y el Abogado Integrante Sr. Rodrigo Correa G. No firman los Ministros Sres. Brito y Cisternas, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos en comisión de servicios.

Autorizada por el Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Fallo PDF: fallo-caso-gildemeister 

Autor: Claudio Pimentel Pérez, Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad Central de Chile.  Jefe de área Fidelización y Retención de Clientes en GrupoDefensa. Abogado Asesor Legislativo en Congreso Nacional de Chile.

RESUMEN: Documento estudia alcances de contrato de promesa de bienes inmuebles en blanco sus condiciones, características y efectos, postulándolo como alternativa para revitalizar mercado inmobiliario Chileno dado actuales condiciones económicas.

 

PALABRAS CLAVE: Bienes raíces – Compraventa en blanco – Contrato de promesa- Libre circulación de bienes – tratamiento orgánico – tratamiento dogmático del contrato de promesa de bienes inmuebles en blanco – Derecho inmobiliario.

 

 PDF: De la burbuja inmobiliaria y de los alcances del contrato de promesa de bienes inmuebles en blanco

Por Miguel Silva Bustos

La demanda de Perú por límites marítimos, no fue un tema que solo haya interesado a unos pocos. Todo lo contrario, la ciudadanía le tomó mucha importancia, de tal magnitud, que todas las personas se enteraban a través de cadena nacional y radios. La pregunta obvia era; ¿Por qué? La verdad, es que se trataba de un tema país que nos afectaba e involucraba realmente, de manera económica, social y política. Si bien, las autoridades chilenas mantuvieron la férrea posición de declarar que no hay nada que resolver; Perú pensó distinto y alzó la voz. Esa misma voz que enmudeció su boca por más de 50 años, pero no así su pensamiento.

Para lograr entender esta disputa, es bueno recordar que, en favor de la posición chilena, estuvo bastante firme y, sobretodo, muy solida desde el punto de vista del Derecho Internacional. Tal era esa confianza, que en realidad no existía discusión sobre fuentes, pero se temía que la el “principio de equidad” iba a ser un problema.

Nuestro país, trato de mantener su férrea posición basando su argumentación en la Costumbre Internacional -elemento que Chile cumplió y cumple estrictamente con cada tratado que ha firmado-, el cual se encuentra en el Art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, definido como: “prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho…”. Esto no fue más que una muestra de actitud reiterada por Perú frente a Chile y que cercioró que la disputa, en materia de límites marítimos,  estaba resuelta -incluso- antes de entrar a los alegatos: “los más de 50 años que dejó pasar desde la declaración de 1952 y 1954 para demandar a nuestro país, sin ni siquiera haber alguna sentencia judicial por parte de ambos países que dijeran lo contrario. En este último aspecto, no me refiero a una sentencia internacional, sino que a los propios tribunales de ambas naciones.

Sea extraño o no, cabe preguntarse -y más bien vale la pena hacerlo-: ¿Empezarán a cambiar los límites marítimos en el mundo?

La verdad, es que Chile tenía solidez legal garantizada, pero se vio entorpecida por el Convenio suscrito entre Perú y Ecuador para aumentar el territorio marítimo con nuevas líneas de base, comenzando en otros lugares -4.300 km2 a favor de Perú-.

Genesis

Sin embargo, para saber dónde se origina el conflicto, debemos remontarnos al 18 de agosto de 1952, época en la que se firmó la Declaración de Santiago entre los gobiernos de Chile, Perú y Ecuador que “proclaman.. la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar de 200 millas marinas desde las referidas costas”.

Este tratado fue el primer instrumento internacional multilateral en base a soberanía y jurisdicción de límites marítimos. Pero, antes de seguir comentando, debemos recordar -también- la Declaración del 4 de diciembre de 1954 en la ciudad de Lima, llamada “Zona Especial Fronteriza Marítima” que fue ratificada por Perú en 1955, por Ecuador en 1964 y, finalmente, por Chile en 1967. Este convenio se encuentra vigente y se señalo que fue “la reafirmación de que el límite marítimo entre los tres países era el paralelo geográfico, paralelo del punto que llega al mar la frontera terrestre”. Este paralelo -valga redundancia- se establece desde donde se proyecta la línea equistintante hasta 200 millas mar adentro, quedando de esta manera, los tres países conformes en la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima. A esto se suma, la materialización de la frontera marítima entre Chile y Perú, conocida como “Hito 1”-

En 1986, Perú presentó reclamos e, incluso, expuso ante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas un argumento ligado a la falta de convenio de límites, desconociendo los Tratados de 1952 y 1954, bajo la premisa de que sólo son Tratados pesqueros. Solo un genio y un artífice podría llegar a tal conclusión; Embajador Bákula.

Perú, siempre tuvo una gran preocupación para establecer rápidamente los respectivos paralelos. Sin embargo, es natural  que estimara que la tesis revisionista de Perú lo afectaba fehacientemente y de manera directa. por lo mismo, depositó en las Naciones Unidas la carta náutica que definía la frontera con expresa invocación de los tratados de 1952 y 1954.

¿Ecuador Imparcial?

Las objeciones planteadas por Perú, a través de notas diplomáticas indicaban que no había nada que resolver con Ecuador, aunque era evidente la amenaza al Tratado de Frontera Marítima que tenían.

En 2005, Ecuador, a través de su embajador Gonzalo Saavedra, en una declaración respaldó la postura Chilena, por lo que al parecer quedaba claro que ningún país realizó reservas ni mostró su disconformidad con la delimitación marítima acordada. Sin embargo, Perú ya creada poco a poco su estadía en la Haya.

Por lo tanto, este país mostró espasmos de apoyo a la posición chilena, pero que, de manera publica oficial, jamás lo hizo. Tanto con Perú como con nuestro país.

Pero, ¿Por qué firma Ecuador un tratado antes de la resolución de la demanda chilena?, ¿Se puede ser realmente ecuánime?,¿No guardaba silencio respecto a los límites marítimos? Quedará la duda permanente.

¿Por qué perdimos en la Haya?

Al tratar de analizar, tenemos que separar dos cosas totalmente distintas:

  1. Pruebas de las pescas Chilenas hasta la línea 120 millas mar adentro
  2. Tratados de Límites 1952 y 1954

¿Por qué? El temas es fácil. La Corte Internacional de Justicia no basó su decisión en las primeras fuentes normales y tradicionales del Derecho Internacional. Sino que se basó, y fue el gran problema de nuestros agentes peruanos, en base a equidad. La Corte razonó de manera no jurídica, expresando que Chile como su pesca se daba entre los 60 y 120 millas mar adentro, se tenía que quedar hasta la milla 80. ¿Fácil? Para el equipo Chileno fue un caos, porque si presentaba muchas pruebas sobre pesca, se darían cuenta que eran tratados pesqueros, pero si no lo hacían íbamos a perder un gran territorio. La equidad aquí prevaleció como un sustituto al principio de “justicia”.

¿Tenemos alguna alternativa a futuro de recuperar o revertir el fallo?

Existe un recurso de “nulidad” en la Corte Internacional de Justicia, pero habría que esperar que salgan los mismos jueces que sentenciaron en contra, y que los nuevos tengan una visión mas estricta del Derecho Internacional. Aunque esta última parte siempre me ha costado creerlo por una simple razón: El Derecho Internacional es dinámico y cambia con el tiempo, se mueve con la sociedad, pero debe ser los limites bases para la convivencia entre los Estados.

 

Por Miguel Silva Bustos

Desde hace mucho tiempo, hemos venido escuchando una y otra vez sobre casos de delitos de estafas y la rapidez con que las personas acusadas -no culpables como muchos periodistas han señalado- han escapado de nuestro país, sin pasar por un tribunal que juzgue los hechos y establezca si es que realmente existe un “Delito de Estafa”.

En nuestra legislación, la estafa está establecida desde el art. 467 en adelante en nuestro Código Penal, pero para poder ser juzgado, la parte imputada deberá estar en presencia de un tribunal. Ese es el mayor problema en ambos caso; “la presencia”. Por lo que la estafa, queda a un margen cuando tenemos este tipo de problema.

Y entonces, ¿Cómo logramos un juicio justo hacía las posibles victimas y el imputado?

A través de la figura legal llamada “Extradición”. Definida, por el ex profesor de Derecho Penal –que en paz descanse- Manuel Garrido Montt, como: “La institución por la cual un Estado, denominado requerido, entrega a otro –el requirente- la persona que le solicita y que se encuentra en sus territorio, para que el requirente lo procese penalmente o para que cumpla una condena cuando ya lo ha sentenciado. Se califica de “activa”, en relación al país requirente, y de “pasiva”, respecto del requerido, que es quien debe hacer la entrega”.

Por lo tanto, más que una asistencia jurídica en las voces de Von Liszt, sería una cooperación reciproca, a nivel internacional, entre los Estados, de tal magnitud, que ha sido creada por tratados internacionales para perseguir la impunidad a través de la agencia internacional llamada Policia Internacional -INTERPOL- “administrada” por la PDI en Chile.

Este tipo de cooperación, data desde hace siglos. Principalmente, desde requerimientos que hacían las monarquía europeas (Carlos V), pero que aun en la actualidad los Estados ejercen la misma institución, agregando caracteristicas a través de convenios internacionales. Por ejemplo: El Codigo Bustamante, El Convenio sobre Extradición en el sistema interamericano, entre otros.

De las fuentes de esta institución, podemos encontrar las nacionales e internacionales, las que al parecer son más importantes que las misma internas en este tipo de casos.

El primer elemento que debemos encontrar, es que debe existir modalidades de vinculación entre ambos Estados. El problema es que Chile, de los 193 países que existen en la Asamblea General y los 200 a nivel de comunidad, solo ha contraído convenios con el 5% de ellos, dejando tanto a Malta como a Rumania fuera de este porcentaje. Por lo que la “reciprocidad” acelerada, como sucede con otros paises, no tendría efecto inmediato, por mucho que nuestros tribunales hayan otorgado la extradición a petición de algun país, victima, etc.

Además, los criterios deberían ser distintos y deferenciar entre si son delitos comunes o políticos. En este último caso, se crea el derecho de (o al) asilo. A la vez, se debería revisar las condiciones relativas a la punibilidad del hecho. Pero este no es tema, ya que el delito de estafa, por muy extraña que pareciera, es un delito de tipo común en nuestra legislación -y en la de Rumania y Malta igual-. Y por último, para establecer la punibilidad del hecho, pasaríamos mucho tiempo sin ponernos de acuerdo. Desde ese punto, es el Ministerio de Relaciones Exteriores quién acoge la solicitud, legalizando y traduciendo documentos para dar cumplimiento a la extradición en conjunto con nuestros tribunales nacionales. Pero eso lo veremos más adelante.

Por lo tanto, a la vista de los hechos y el derecho, ¿tenemos otra opción?

Claramente, en el Derecho Internacional. El santo grial y el santo de las causas perdidas, por lo menos en Derecho.

Los textos de Derecho Internacional pueden ser tan diversos, desde convenios multilaterales y bilaterales o, simplemente; no tener convenios de extradición, lo cual comprende relacionar la extradición con instituciones jurídicas internacionales.

Por lo que, en Derecho Internacional, si existe esta institución, entendiendose como un elemento de reciprocidad y cooperación mutua entre los Estados o, tal como señala Diez de Velasco; “si no hubiere reciprocidad no cabe acudir al recurso de amparo por quebrantamiento de la reciprocidad, sino que podrá obtenerse declaración de inconstitucionalidad de un tratado en cuyas cláusulas resulte vulnerado el citado principio; lo que determina no la nulidad, mas si la inaplicabilidad del convenio”. De tal manera, es tan importante que se haya reforzado la idea de generar esta institución “supragubernamental”, que no es simplemente una más en el Derecho.

El problema en estos casos, es que por mucho que exista la institución, se podría negar la extradición. Por lo que debemos acurdir a la aplicación de algun Tribunal Internacional de Jurisdicción Obligatoria o denunciar formalmente la violación que prevee el art. 54, 56 y 60 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, si es que existiera algún tratado. Entre estos caso, podremos encontratar tratados tales como: Convenio Europeo sobre Extradición de 1994 creado por el Consejo de Europa –el Concejo es diferente-. También, en EE.UU. existe un departamento de justicia que posee un formulario de manera “universal”, ofreciendo prioridad a la naciones mexicanas y colombianas.

Volviendo a la misma idea, el caso es que Chile solo ha firmado el 5% de 200 países en la comunidad acerca de extradición. Reitero la pregunta; ¿Qué podemos hacer?

La primera opción; si Fiscalía se queda solo con la solicitud a Policia Internacional, acerca de la orden de captura contra estas dos personas, tiene simplemente una opción: Esperar. Ya que, como sabemos, -por ejemplo- en Rumania parece que el conseguir alguna documentación ilegal sería más fácil de lo que creemos, sin contar los pasos fronterizos a otros países, los cuales no hay fiscalización.

La segunda opción, es fundar la solicitud en el Tratado de Palermo sobre Delincuencia Organizada, tratado que tiene más de 10 años y sirve a nivel internacional. Además, la Corte Suprema, también podría requerir a la personas tramitando de acuerdo a los principios del Derecho Internacional, apoyados en el Ministerio de Relaciones Exteriores (DIJUR – MINREL)

Este tipo de solicitud debe ser fundada y no bastaría solo con la querella, justificando:

  • La Existencia de un delito
  • La participación del mismo

Por lo que podrían existir complicación, si no se establece realmente lo que sucedió. Por mucho que exista una orden de captura, si el imputado no se acerca a un aeropuerto o una salida fiscalizada por el otro país, se podría mantener eternamente dentro del país.

Por lo que volvemos a la misma idea. Encontramos jurisprudencia de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones en solicitudes de extradición activa, donde no existen tratados, operando principios de Derecho Internacional. Aplicando el tratado de Parlermo.

La solicitud deberá ser resuelta por la autoridad judicial del país a quien solicitado. Este último, deberá revisar su legislación (Constitución) que no prohiba la extradición. Y aunque no exista tratado, se deberá revisar el Tratado de Palermo del año 2000, cuyo art. 16 señala delitos graves como el lavado de dinero. Pero todo esto se deberán basar en Derecho Internacional.

Por Roberto Opazo Barrientos. Egresado de la Universidad Central de Chile, Director y columnista permanente de Nuevo Derecho, Presidente de la Juventud de Partido Ciudadanos.

En Chile, los procedimientos en materia penal y materia civil han venido siendo objeto de una multiplicidad de reformas que tienen por eje central velar por los principios que fortalecen la agilidad, transparencia y facilidad de tramitación de los distintos procesos que se sustancian en los tribunales chilenos. Claro ejemplo de lo anterior es la nueva ley de tramitación electrónica Civil que en la Región Metropolitana entrará en vigencia en Enero de 2017, pero que en otras regiones del país ya entró en funcionamiento. Esta nueva Ley trae consigo importantes variaciones, entre ellas es posible avisorar la nueva manera de constitución de Patrocinio y poder mediante firma electrónica avanzada, la digitalización del estado diario, la desaparición del expediente y en su lugar la creación del cuaderno electrónico disponible digitalmente, así también desaparece la figura de las compulsas y su elevación a los Tribunales Superiores, entre otras más que sin duda vienen en agilizar la tramitación de los litigios y haciendoles más disponibles para el público en general. Sin duda estas modificaciones significan un gran avance para una nueva adaptación del debido proceso, y su subprincipio de celeridad, en relación a las nuevas tecnologías, las que contribuyen a un mejor ejercicio jurisdiccional e impartición de Justicia. Por su parte el procedimiento Penal también sufrió una reforma, aunque mucho más profunda, igualmente se abordó aspectos de agilización en la tramitación y publicidad del proceso.

Claramente si consideramos que los Tribunales Civiles y de Garantía tienen un procentaje alto de tramitación, no es menos cierto que existen otras materias tan o más demandadas de jurisdicción que están bajo competencia de otros tribunales, y es el caso de los Juzgados de Policía Local, los cuales tienen su propia Ley especial de procedimiento (Ley 18.827) y bajo su competencia yacen una serie de materias de relevancia fundamental en la Sociedad, como lo son todas aquellas infracciones de la Ley de Copropiedad, de Tránsito, también lo referido a las infracciones a la Ley del Consumidor, entre otros (ver lista completa).

“…actualizándolos e introduciendo una serie de mejoras que homologuen al nuevo sistema de tramitación procesal civil.”


Al efecto, la cantidad de juicios referidos a las materias en comento han sido trampolín para que congresistas plantearan la idea de traspasar la competencia a los tribunales civiles, e incluso a proponer que el ente que conozca de todas las infracciones sea el mismo Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), soluciones que resultan complejas, toda vez que la solución óptima para este problema no es huir de los Juzgados de Policía Local trasladando la competencia de ciertas materias a los tribunales ordinarios de Justicia, sino que asistir a ellos, pero actualizándolos e introduciendo una serie de mejoras que homologuen al nuevo sistema de tramitación procesal civil.

¿Por qué actualizar la normativa de tramitación de los Juzgados de Policía Local?

Hay múltiples razones que son resueltas en la praxis y también en la renovación de medios tecnológicos que terminan por tener aplicación en otros procedimientos.

Una de las razones se da con ocasión de la comparecencia personal en algunos procedimientos, por ejemplo respecto a la Ley del Consumidor que en su artículo 50 C permite la comparecencia personal del consumidor, lo que permite el seguimiento de los particulares en litigios, pero que les exige tener un conocimiento y manejo mínimo de un proceso judicial, lo que en la cotidianeidad no se ve sino que más bien nos encontramos frente a consumidores que más allá de ser o no patrocinados por abogados (que en este caso es voluntario) exigen una manera más sencilla de poder seguir el estado de su causa, y de hacer gestiones tendientes a agilizar la acción, sobretodo si pensamos que dichas diligencias deben efectuarse en horario laboral asunto que claramente para el actor que comparece personalmente significa una traba no menor a la hora de poner en ejercicio la tutela y ejercicio de los principios procesales que alimentan nuestro ordenamiento. Claramente una digitalización de los procesos beneficiaría y haría más eficaz el acceso a la Justicia, cuestión que el legislador viene abogando en los últimos años.

Cabe señalar que la Ley del Consumidor no es el único procedimiento que permite la comparecencia personal, otros ejemplos lo vemos en la ley de tránsito, sobretodo en asuntos infraccionales.

Otra razón reside en el ejercicio de las labores del abogado y procuradores. Hoy en día los Juzgados de Policía Local parecieran ser un espacio en dónde la aplicación del Derecho muchas veces quedan de lado, al menos en comparación a los tribunales civiles, abriendo muchas dudas sobre la imparcialidad de estos juzgados, principalmente por la relación que van formando los funcionarios del tribunal y los profesionales del Derecho. Por otra parte, no es desconocido que existen, al menos en la Región Metropolitana, Juzgados de Policía Local en donde establecen reglas propias a la hora de comparecer y sustanciar el procedimiento, e incluso respaldados en la sana crítica van formando su propia tendencia sentenciadora que termina por transformarse en un imperativo procesal en algunos territorios jurisdiccionales. Ahora todo ello está sujeto a eventuales recursos que pueden deducirse en cada proceso, pero sería beneficioso una nueva mirada a la Ley vigente, y aplicar los nuevos criterios civiles en Policía Local.

Sin embargo, hay que ser conciente de dos aspectos fundamentales y pretéritos a todos estos problemas: 1. Los Juzgados de Policía Local no son órganos que forman parte del Poder Judicial; y 2. Estos Juzgados dependen económicamente de los Municipios respectivos y claramente ello incide de manera trascendental en el funcionamiento de éstos, y ven un impedimento enorme en la actualización y homologación de su orgánica y normas de procedimiento.

Ante todo lo expuesto en estas líneas –que no reflejan la totalidad de todas las características de los Juzgados de Policía Local- se aprecian indicios de retardo en materia de procedimiento y tramitación en estos órganos, sobretodo pensando en la actualización de los Tribunales Civiles. A mayor abundamiento es posible, incluso, establecer la existencia de una incomunicación y falta de absolutización de la intención del legislador en orden a aplicar efectivamente los principios procesales en nuestro Sistema, ya que pareciera que dicha voluntad respecto a principios universales sólo tienen eficacia respecto a algunos órganos jurisdiccionales y mientras sigamos así encontraremos en los Juzgados de Policía Local el resabio del Sistema Civil antiguo.

Autora: Rocío Santiago Resola. Abogada en ejercicio y colaboradora permanente en Derecho & Perspectiva.

Resumen: En el presente estudio vamos a realizar un análisis sobre la fase de instrucción en el procedimiento español. Concretamente, se va a estudiar en profundidad lo que se conoce como las diligencias de investigación limitadoras de derechos fundamentales, aquellas que para proceder al esclarecimiento de los hechos, requieren de la injerencia en los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución Española. Además, dichas diligencias de investigación van a relacionarse con el Principio de Proporcionalidad, clave en el procedimiento penal.

Palabras Claves:  Diligencia de investigación – Instrucción – Derechos Fundamentales – Constitución Española – Principio de Proporcionalidad – Tribunal Supremo – Tribunal Constitucional – Idoneidad – Necesidad – Proporcionalidad.

Artículo: Investigación limitativa de Derecho Fundamentales